Tal parece que tras cada visita que la Secretaria de Seguridad María Dolores del Río Sánchez hace a San Luis Río Colorado, la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada arrecia, quizá como una forma de hacerle ver a las autoridades que su estrategia para nada sirve frente a estos sanguinarios grupos de sicarios que pelean el control del territorio.
Las declaraciones de Dolores del Río en su última visita a San Luis siguen sonando como eco de una mentira que viene repitiéndose desde octubre del año pasado, luego de que la funcionaria asumiera su cargo. En las dos últimas visitas que ha hecho a San Luis, la ex alcaldesa de Hermosillo, ex directora nacional de INEA y ex diputada federal (fíjese usted cómo es que Del Río Sánchez no había tenido ningún cargo relacionado con la seguridad pública), ha estado prometiendo que “ahora sí, ya merito” van a llegar a San Luis Río Colorado un grupo de agentes de la Policía Estatal…. Y es hora de que no llegan. Y es que dijo Dolores de Río Sánchez en su última visita que ella estaría presente en San Luis el día que ese grupo de agentes llegara a nuestra ciudad; así lo prometió.
Ahora sí que los delincuentes se sienten a sus anchas en San Luis porque no hay ley que les pueda poner un alto.
Y mire usted, aqui le platico una de las evidencias de esa impunidad con la que operan los grupos criminales, pero no sólo la impunidad, sino la complicidad de policías de todos los órdenes de Gobierno con estos grupos de sicarios.
Tras la ejecución de dos agentes de Tránsito Municipal el pasado martes, de inmediato empezaron a circular fotografías de los cuerpos masacrados dentro de la patrulla. Está situación se ha venido dando en casa caso de ejecución, pero especialmente en aquellos casos en los –es más que obvio– los propios delincuentes envían un mensaje a sus adversarios o a futuras víctimas. Se le conoce como una estrategia para infundir miedo y advertir lo que pasará a otros que se atrevan a meterse con estos sanguinarios.
Sin embargo, aquí lo realmente grave es que estos delincuentes están siendo apoyados por policías para que esas fotografías circulen en redes sociales y al final lleguen a sus destinatarios.
Claramente, en las fotografías que se han tomado en estos hechos violentos se ve la perspectiva (el ángulo) de alguien que tiene permiso para estar en la escena del crimen: policías municipales, policías estatales, agentes de investigación criminal y peritos forenses… Cualquiera de ellos puede captar esa dantesca escena que representa la muerte violenta de un ser humano.
En el caso de la ejecución de los policías asesinados, Víctor Martinez y Gilberto Robles, el hecho de que las fotografías hayan circulado es aún más deprimente, pues incluso pudieron haber sido sus mismos compañeros quienes hayan captado las imágenes, pues son los agentes municipales los primeros respondientes cuando sucede un caso de esta naturaleza.
Más urgente se torna que el Alcalde Santos González Yescas tome la decisión de limpiar la corporación municipal de ese grupo de más de 20 policías que están involucrados con la delincuencia y que no tienen la confianza, ni del gobierno, ni de la ciudadanía. ¿Qué no tiene recursos, Alcalde? Solicítelos al gobierno federal, ahorre en gasto corriente, deje de gastar en pagos a periodistas (y pseudoperiodistas), y verá como salen los recursos.
Regresando al tema de las fotografías de víctimas que se difunden luego de una ejecución, la Fiscalía General del Estado ya debería estar investigando este asunto luego de que a principios de abril se modificó el Código Penal de Sonora para contemplar sanciones a quienes hagan este tipo de filtraciones de imágenes respecto de un asesinato.
En el caso de los policías municipales asesinados, pues, no sólo se cometió un acto de deshumanismo, sino que además se violó la ley.
Aquí le dejo el texto agregado al Código Penal para el Estado de Sonora:
ARTÍCULO #167 #QUATER.- Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en su cualquier domicilio público o privado, se le impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Es como esperar que el Sol salga mañana por el Poniente… Pero hay que señalarlo.
