Si un simple mortal tiene el don de convertir dos toneladas de cocaína en leche en polvo y superar un infarto cerebral en 48 horas, ¿creen que debería preocuparse de ser víctima de un atentado con simples pedacitos de metal?
Es más, si este personaje fue capaz de convencer a un tipo tan soberbio y arrogante como el exgobernador Jaime Bonilla Valdez de poder torcer la Constitución para prolongar su mandato ¿creen que no podría convencer a los sicarios de envolverlo en abrazos y no atacarlo a balazos?
Si otro sujeto que ingresó al servicio público sólo para hacer negocios y en el sistema penitenciario encontró la forma para recuperar su inversión en la campaña electoral, ha sido capaz de evadir la ley e incorporarse a la 4T, ¿creen que esté en la mira de la delincuencia organizada?
Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno y Jesús Núñez Camacho, ex oficial mayor y ex titular del sistema penitenciario de Baja California, respectivamente, no corren riesgo alguno de ser víctimas de algún atentado por parte de grupos criminales…a menos que se “hayan comido” algo y no avisaron.
Peo eso es un asunto personal que no corresponde resolver al Gobierno del Estado.
De ahí que los bajacalifornianos nos preguntemos si realmente este par de personajes tienen la calidad moral como para sentir que deben ser protegidos por al menos 30 elementos policiacos y movilizarse en un par de camionetas oficiales, todas con cargo al erario estatal.
Amador y Jesús tienen suficiente dinero como para pagarse su propia protección personal y dejar de cargar es responsabilidad a los bajacalifornianos. Además, ellos deberán cargar con sus muertitos en el clóset y no endilgárselos al presupuesto público.
El decreto emitido por Rodríguez Lozano y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de octubre, muestra de cuerpo entero la personalidad gandalla y corrupta de este personaje de negro historial político que ocupó por 21 meses el segundo cargo más importante en el Ejecutivo Estatal.
Los lineamientos señalan que cada ex servidor público contará con tres elementos de seguridad por cada turno, y dos para sus cónyuges y vástagos, así como dos unidades oficiales, cuyos gastos de combustible y mantenimiento serán parte del presupuesto de egresos de la autoridad penitenciaria.
Por supuesto que lo menos que puede hacer la nueva administración estatal que dice respetar la voluntad del pueblo, es emitir un decreto que cancele los privilegios que se autoasignó el exsecretario general de gobierno y su cómplice en el escándalo de los “moches”.
Decreto mata decreto.
Así de simple y así de fácil. Veremos si se animan o prefieren mantener el complaciente silencio de la complicidad.
