Jesús Manuel Angulo
Desde hace varias décadas, el narcotráfico se ha convertido en un cáncer que ha ido minando la tranquilidad y la salud de miles de comunidades a lo largo y ancho de nuestro país.
Fue a partir del endurecimiento de la política de seguridad fronteriza que implementó Estados Unidos, a raíz de los ataques terroristas de septiembre de 2001, que el problema del comercio de drogas dentro del territorio nacional se recrudeció y con ello surgió un nuevo tipo de violencia en las calles, ahora por el control de territorios en pueblos y ciudades.
Lo que esta nueva realidad generó, además de un incremento exponencial en el consumo de drogas, fue una mayor corrupción de autoridades, sobre todo en las policías municipales.
Ha sido evidente como los gobiernos locales han sido incapaces de enfrentar el tráfico de drogas, por una parte debido a que se trata de un delito que no está dentro del su ámbito de competencia legal, y por otro lado porque no están capacitados, equipados, ni preparados para enfrentar ese flagelo que hoy mantiene en situación de terror y violencia a municipios, y claro, que ha causado la descomposición del tejido social.
Es en este contexto, en el que ha causado revuelo la expresión de la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida López Cárdenas, quien al rendir su segundo informe de gobierno el miércoles 16 de septiembre, dijo que debería fusilarse a los narcotraficantes que vendan drogas a menores de edad.
La expresión de la Alcaldesa evidencia la impotencia para combatir un delito que socava la tranquilidad de su comunidad, y seguramente es el reflejo del sentir de muchos Alcaldes, no solo de Sonora, sino de la mayoría de los Estados del país.
Fusilar, es decir, aplicar la pena de muerte a un delincuente frente a un paredón, es una práctica que en el caso de Sonora se aplicó por última vez el 17 de junio de 1957; en el contexto internacional hay 32 países en los que se contempla la pena de muerte por delitos de narcotráfico.
Es indiscutible el componente ético y moral que contiene la expresión de la presidenta municipal hermosillense, y la discusión pública que ha generado es muestra de que hay quienes estarían a favor de aplicar la pena máxima a los delincuentes que enturbian la convivencia social mediante la distribución de drogas y la violencia que con ello generan.
Si bien se trata de una medida extrema la que propone Célida López, que lejos está de ponerse en marcha en Sonora, la realidad es que es el grito desesperado de las autoridades locales ante el avasallamiento que el crimen organizado ha hecho en los municipios del Estado.
El pronunciamiento hecho por la Alcaldesa de la capital del Estado pone en relieve lo que está pasando en prácticamente los 72 municipios que conforman la geografía sonorense: el narcotráfico sentó sus reales aquí bajo la complacencia de las autoridades estatales y municipales.
Desde San Luis Río Colorado, en el Noroeste de la entidad, y Nogales, en el Norte, hasta Huatabampo y Álamos, en el Sur, las bandas criminales mantienen una pelea por territorios para el control del narcomenudeo.
Hay el caso, por ejemplo, de cómo los narcotraficantes incluso han dañado instalaciones en escuelas públicas en una región del valle de Sonoyta, al grado de interrumpir el servicio de Internet bajo el pretexto de que los habitantes de la comunidad estaban usando la conexión a la supercarretera de la información para pasar información a grupos rivales.
En otra comunidad, ubicada a 5 kilómetros de la guarnición militar de Sonoyta, sicarios patrullan las calles, armados con fusiles e incluso con una metralleta Barret en la caja de un pick-up.
Y mientras eso pasa, autoridades locales y estatales permanecen impávidas y ausentes. De la federación ni hablamos. Basta con decir que el responsable directo de coordinar los esfuerzos de seguridad pública en todo el país, Alfonso Durazo Montaño –sonorense, por cierto– está más preocupado por lograr la candidatura a la Gubernatura de Sonora.
Retomemos el llamado desesperado de Célida López y veamos los claroscuros.
Claro, fusilar a narcotraficantes, o a cualquier otro tipo de delincuentes, no es la solución. No se puede combatir la barbarie con más barbarie. La Ley del Talión quedó ya en la historia como una forma de justicia de la humanidad sin civilización y sin instituciones.
Lo que sí se puede hacer, y es urgente, es que las políticas públicas que implemente el gobierno para combatir al narcotráfico sean más rigurosas. Lo que sí se necesita de manera inmediata es que las leyes y su aplicación sean implacables contra quienes comercian con drogas y generan actos de violencia en nombre de esa ilícita actividad.
Y en cuanto al combate a los narcotraficantes, que efectivamente debe ser directo y sin cortapisas, debe privar la inteligencia, la desactivación de sus recursos y redes de distribución, e incluso el uso de la tecnología.
Lo que se requiere, también, es el pronunciamiento comprometido de las autoridades locales frente a un problema como el tráfico de drogas, que si bien no es competencia legal de los Ayuntamientos, sí impacta directamente en la salud de los ciudadanos que habitan las comunidades.
En este sentido, tan desproporcionado es el pronunciamiento de llevar al paredón a los narcotraficantes, como lo hizo la alcaldesa Célida López, como oprobiosas son la negación y justificación del Alcalde sanluisino Santos González Yescas, al excusarse con que heredó la violencia que recrudeció desde el inicio de su trienio, cada vez que puede jura y perjura que no hace negociaciones con bandas del crimen organizado, cuando es más que evidente que su policía municipal está contaminada por la corrupción.
Tan grave es, pues, perder la noción de la realidad y pretender luchar contra molinos de viento, como hacerse el sordo y ciego frente a los narcotraficantes que siguen invadiendo nuestras ciudades.
