Dip Nancy G. Sánchez Arredondo/Colaboración
Para muchas familias mexicanas, la vida transcurre a ambos lados de la frontera. Tienen hijos nacidos en otro país, trabajan fuera de México o conservan vínculos profundos con más de una sociedad. Su historia forma parte de la nuestra. Nadie debería poner en duda su identidad mexicana ni el valor de lo que aportan al país.
La pregunta del dictamen sobre nacionalidad única es más precisa: ¿qué compromiso debe asumir una persona cuando pide encabezar el gobierno de México o de una de sus entidades? La Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México concentran decisiones que pueden marcar el destino de millones de personas. Quien ocupa esos cargos representa a una comunidad política y responde ante ella por el uso del poder que le confía.
Nuestra historia ayuda a entender por qué ese compromiso merece una regla expresa. La independencia se construyó frente al dominio extranjero; después, México tuvo que defender su territorio y su capacidad de decidir ante distintas intervenciones. Esa memoria no exige desconfiar de otros pueblos. Nos recuerda cuánto ha costado que las decisiones sobre nuestro país se tomen aquí y respondan a quienes viven sus consecuencias.
Hoy las relaciones entre naciones son intensas. México comercia, coopera y dialoga con el mundo. Al mismo tiempo, las decisiones sobre seguridad, recursos naturales y asuntos públicos pueden estar sujetas a presiones de otros gobiernos, o de intereses con gran poder económico. En ese contexto, la independencia de quien gobierna debe ser clara también en sus obligaciones jurídicas. La ciudadanía tiene derecho a saber que la persona a cargo no mantendrá, mientras ejerza el poder, un vínculo de nacionalidad que la sujete políticamente a otro Estado.
Por eso respaldamos la propuesta de exigir nacionalidad exclusivamente mexicana a quienes aspiren a esos cargos. Si una persona tiene otra nacionalidad, el dictamen plantea que renuncie a ella antes de solicitar el registro de su candidatura y que mantenga esa condición durante su gestión. El requisito se dirige a responsabilidades públicas específicas. Las personas con doble nacionalidad siguen siendo mexicanas, con una historia y una pertenencia que merecen pleno respeto.
Esta reforma expresa un deber ético: quien recibe la confianza de gobernar debe poder mirar de frente a la gente y decir con claridad a quién se debe. A la madre que espera una escuela digna, a quien cuida su tierra y su agua, a las familias que exigen seguridad y justicia. Cada decisión de gobierno tiene consecuencias concretas para ellas.
Defender la soberanía empieza por asumir esa responsabilidad sin ambigüedades. Quien aspire a encabezar un gobierno en México debe aceptar, de manera libre y previa, que durante ese encargo su compromiso de nacionalidad y su deber de rendir cuentas estarán puestos íntegramente al servicio del pueblo de México.
