A escasos días de la votación de una reforma que plantea cesar a más de mil seiscientos magistrados y jueces del Poder Judicial, parece no estarse hablando de las implicaciones económicas que esta tendría y no sólo del secuestro electoral y de la autonomía judicial.
La pérdida del Estado de Derecho y los contrapesos al Ejecutivo, la nula independencia judicial, las interpretaciones constitucionales hechas a modo por personas que serían votadas por elección popular ha causado mucha incomodidad en el mercado. Estareforma está poniendo a México en regresión y afectando los esfuerzos que se han hecho para hacer de nuestro país un destino competitivo para la inversión y el desarrollo de negocios. Lo anterior, sin sumar el tiempo electoral en el que se encuentra Estados Unidos donde la designación de Kamala Harris, sin duda, juega un papel clave para los negocios de ambos países.
Aunque los mercados y el peso se han mostrado afectados constantemente derivado de los pronunciamientos a favor de esta reforma hechos por el partido en el poder, existen riesgos que no se están queriendo ver y que son inminentes como que México podría perder importantes consideraciones de inversión al no ver un Estado de Derecho claro y consistente y, que además podría ser interpretado por cualquier graduado sin carrera judicial.
En el 2026 se revisa el TMEC donde los tres países se comprometieron a través de cláusulas relativas al establecimiento de un marco legal y comercial claro, transparente y predecible para la planificación de negocios con tribunales independientes y la resolución de conflictos tal es el Artículo 7.25 del capítulo 10 en el Tomo 1 del TMEC Cooperación Regional y Bilateral en materia de Aplicación de la Legislación donde en el inciso número once que escala la competencia de un despacho aduanero y da pie a soluciones judiciales: “Una Parte podrá negarse a emitir una resolución anticipada si los hechos y circunstancias que la sustentan son objeto de una auditoría posterior al despacho aduanero o de una revisión o apelación administrativa, judicial o cuasi-judicial. La Parte que se niegue a emitir una resolución anticipada deberá informar por escrito a la persona que solicita la resolución con prontitud, exponiendo los hechos y circunstancias pertinentes y el fundamento legal de su decisión”.
México ha pasado por distintos casos de demandas, una de ellas es la de petroleros estadounidenses por dificultades para obtener permisos de logística y venta de combustibles por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien sentó condiciones de desigualdad en favor de productores mexicanos. Considero que, para este tipo de casos es vital contar con tribunales independientes que resuelvan casos sin presiones del Ejecutivo y, que, además puedan continuar con personas preparadas que cuenten con una amplia carrera judicial para poder dar certidumbre a los litigios y amparos en curso.
Todo esto le agrega mucho peso en tiempos electorales de Estados Unidos y más ante la designación de Kamala, quien remonta una fuerte competencia demócrata y representa una agenda comercial de recientes acuerdos resultado de reuniones pasadas con Andrés Manuel López Obrador.
La llegada de una mujer a la presidencia de los Estados Unidos podría redefinir para el bien de los tres firmantes del tratado, la manera en que se mejora el TMEC. Aunque, para esto, necesita la cooperación de la certidumbre jurídica de estos países, donde México no puede quedar atrás.
