Primero los de abajo, para que el peso de la historia no nos hunda a todos
(Enrique González Pedrero)
Por Nancy Sánchez Arredondo
Hay debates que parecen económicos, pero en realidad son profundamente morales. Uno de ellos es el destino del dinero público.
Para 2027, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea mantener una política social que llegará a cerca de 43 millones de personas, con recursos equivalentes a alrededor del 2.6 por ciento del PIB. Y, como era previsible, volverán las mismas voces a decir que es demasiado gasto, que hay que cuidar la deuda y que México no puede destinar tantos recursos a programas sociales.
Resulta curioso que, durante décadas también hubo grandes presupuestos, también hubo deuda y también hubo gasto público, sólo que entonces buena parte de la discusión parecía menos urgente cuando existían privilegios fiscales, condonaciones, contratos cuestionados, intermediarios y beneficios concentrados en grupos económicos con enorme capacidad de influencia.
Ahora que una parte importante del presupuesto llega directamente a adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y familias de menores ingresos, de pronto algunos descubrieron una profunda vocación por la disciplina financiera.
Ese es el verdadero debate, no si el Estado debe gastar, sino para quién debe gastar, porque un presupuesto no es solamente una suma de números. Es una declaración de principios, nos dice a quién considera importante un gobierno y cuál es la razón ética de ejercer el poder.
Cuando un adulto mayor recibe una pensión, ese dinero se convierte en alimentos, medicamentos, transporte o apoyo para su familia. Cuando una madre recibe un apoyo, ese recurso termina en la tienda, el mercado, la farmacia, la papelería o el pequeño negocio de su comunidad. El dinero circula, fortalece el consumo y mueve la economía desde abajo.
Por eso los programas sociales no son únicamente una política asistencial. Son un mecanismo de redistribución del ingreso, una herramienta para reducir desigualdades y también un estímulo directo al mercado interno.
Soberanía y Justicia Social
Pero su significado más importante es otro: representan una nueva concepción del servicio público. Gobernar no debería consistir en administrar privilegios ni en construir mecanismos sofisticados para que los recursos públicos terminen siempre cerca de los mismos. Gobernar significa utilizar el poder del Estado para ampliar derechos, corregir desigualdades y crear condiciones mínimas de dignidad.
Por supuesto que México debe cuidar sus finanzas públicas, hay que vigilar la deuda, evitar desperdicios, combatir la corrupción y exigir transparencia peso por peso.
Pero resulta difícil tomar con demasiada solemnidad las lecciones de austeridad social de quienes fueron mucho menos severos cuando el dinero público circulaba por otras tuberías.
La responsabilidad fiscal no consiste simplemente en gastar menos. Consiste en gastar mejor.
Y gastar mejor también significa preguntarnos qué produce mayor bienestar social, qué genera mayor movilidad económica y qué permite que millones de personas tengan una oportunidad real de salir de la pobreza y construir una vida más estable.
Ese es uno de los cambios de fondo que Claudia Sheinbaum ha decidido continuar, colocar el bienestar en el centro de la política económica y entender que el crecimiento no tiene sentido si sólo mejora las estadísticas mientras millones de personas siguen viviendo con miedo al día siguiente.
Una economía fuerte necesita inversión, empresas, infraestructura, empleo y productividad, pero también necesita consumidores, familias con ingresos y ciudadanos con oportunidades.
Por eso quizá la pregunta correcta no sea cuánto gasta México en programas sociales, la pregunta es mucho más incómoda: ¿En quién queremos que se gasten los recursos de México?
Porque durante mucho tiempo el dinero público tuvo una extraordinaria facilidad para encontrar el camino hacia arriba. Lo verdaderamente novedoso es que ahora también encuentre el camino hacia abajo. Y eso, más que una discusión presupuestal, es una definición ética del poder: “Que gobernar deje de significar servir a quienes siempre tuvieron acceso al gobierno y signifique, finalmente, servir también a quienes durante décadas sólo fueron llamados para votar”.
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