Hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la regularización de los famosos “carros chocolate” se dará hasta después de las elecciones de junio próximo. Tratamos que la acción no sea utilizada como “bandera política” en el actual proceso electoral, por algunos gobernadores y candidatos.
Explico también, que dicha tarea compete únicamente a la Secretaria de Economía y mencionó algunas presiones de las armadoras de vehículos que operan en México, que la desaprueban de manera tajante.
En tal contexto y en base al dicho presidencial, es fácil entender que la tan cacareada legalización de unidades que circulan de manera a irregular en nuestro país, tiene un largo camino que recorrer. Que todo lo que se diga en contrario carece de veracidad.
Lo grave de la cuestión es que mientras ello ocurre, las empresas “regularizadoras” -convertidas en fabulosos negocios para un grupo de vivales-, entre ellas Anapromex, siguen timando a los bajacalifornianos vendiendo una supuesta protección que hace intocables a los dueños de vehículos internados a México ilegalmente permitiéndoles utilizarlos sin que autoridad alguna los moleste.
En medios de comunicación como radio, televisión y redes sociales, se dan el lujo de promover de la manera más impune, la venta de “sus servicios protectores”, usurpando funciones que competen a la autoridad, alardeando que sus actividades están avaladas por ciertos diputados fedérales y senadores de la república. Sería muy interesante saber quienes son.
Por otra parte, llama la atención el hecho que los gobiernos de los tres niveles, estando enfrascados en la erradicación de la corrupción en todos los ámbitos del sector público – meta primordial del gobierno presidido por AMLO- no actúen en contra de quienes cometen el grave delito de usurpar funciones que solo a ellos corresponde. ¿Por qué ese disimulo que puede considerarse como una grave omisión oficial?
Por cierto, David Gutiérrez Insunza, director del Instituto de Identificación Vehicular del Estado, declaró que el censo de unidades chocolate en Baja California – estimado en 400 mil- durante el periodo de septiembre 2020 a la fecha, únicamente se registraron 13 mil. El plazo para el registro vence el día ultimo de febrero. Habrá multas para los incumplidos.
El funcionario matizó su dicho al explicar, ¡asómbrese!: “hemos hablado con los presidentes municipales para que nos apoyen y que no fastidien (?) a esa gente”.
Otra incógnita en el tema de los “chocolate” ¿por dónde entran a nuestro país? Si las unidades no vuelan, es fácil suponer que son internados rodando por las aduanas de Mexicali, Tijuana, Tecate y San Luis Río Colorado, Sonora.
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