Salvador García estrada.
Imposible negar que uno de los sectores afectados por la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, es el de los trabajadores. El más vulnerable de la cadena productiva. De manera particular aquellos que perdieron sus empleos: fueron suspendidos por haber sido afectados o despedidos injustamente con el pretexto de la pandemia, sin el pago de prestaciones marcadas por la ley laboral.
Inmersos estamos todos, sociedad y gobiernos, en atender los graves problemas derivados del famoso virus, que según las autoridades tardará en ser abatido, poca atención hemos dado a la delicada situación que enfrentan miles de trabajadores de Baja California, que prácticamente viven al día, cobrando sueldos raquíticos, sin dinero para sufragar sus necesidades ingentes sin empleo y con un futuro incierto para ellos y sus familias.
Algunos han recibido las famosas despensas familiares de parte del gobierno y organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, insistimos, tal acción no resuelve la difícil situación que los agobia. Se trata de un alivio temporal. Lo que necesitan es trabajar, no dádivas y, que, al ser despedidos, reciban el pago de las prestaciones establecidas por nuestras leyes laborales.
En cuanto a este último punto -pago de prestaciones sociales- lamentablemente para miles de trabajadores, no han faltado patrones irresponsables que, sin consideración alguna, los han despedido injustamente violando impunemente las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Prueba de ello son las 2 mil 434 demandas presentadas por trabajadores ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en contra de sus patrones por incumplimiento de varias obligaciones laborales.
Según Sergio Moctezuma Martínez López, titular de la dependencia, 871 quejas corresponden a Mexicali; mil 278 Tijuana; Tecate 88: Ensenada 69 y 10 San Quintín. ¿Motivo? Pago de finiquito, reinstalación del empleo, salarios caídos, pago de prima de antigüedad, de vacaciones y reparto de utilidades.
El total de trabajadores confinados, por la pandemia, es de 81 mil trabajadores y empleados; a mayor parte de maquiladoras calificadas como no esenciales. Treinta mil corresponden a Mexicali y 36 mil a Tijuana.
Retomando el tema de las demandas que significara una enorme tarea para las autoridades laborales, vale preguntar: ¿estarán preparados los tribunales para atender y resolverlas con la premura que exigen las necesidades de los quejosos? ¿Tienen la capacidad en infraestructura y en materia de personal, para hacer frente a este enorme reto? De no ser así, los más perjudicados serán -irremediablemente-, la parte mas débil: los demandantes.
A).- Expertos estiman que traer de fuera al próximo Director de Seguridad Publica de Mexicali, sería un desacierto, existiendo aquí elementos -capaces y experimentados- que podrían recomponer la corporación, como Alejandro Lora y otros oficiales de carrera.
