Inmersos que estamos en los temas relacionados con el proceso electoral y soportando los efectos de la pesadilla derivada de la COVID-19, poca atención hemos prestado a un hecho de gran trascendencia para la mujer mexicana-que trabaja.
El Senado de la República aprobó recientemente una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y prohíbe la discriminación por género en las remuneraciones de trabajadores de los sectores público y privado.
El senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, resaltó que la modificación que incluye la Ley General para la Igualdad de Género entre Hombres y Mujeres, permitirá cumplir con una deuda social, ya que, pese a que nuestra Constitución Política indica que, “a trabajo igual, salario igual”, en países latinoamericanos la brecha salarial es mayor.
Por su parte la senadora Malú Micer, titular de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que dichas reformas eran esperadas por millones de trabajadoras y por las activistas del movimiento feminista, en cuya agenda figura la erradicación de la brecha salarial.
De acuerdo con información del Seguro Social, el promedio salarial en enero del 2020, era de: 4l6.4 pesos para hombres y 363.05 mujeres. Mientras que el Secretario de Hacienda reportó la existencia de un rezago de entre 22% y 23% en los salarios respecto los que cobran los hombres. Los cambios registrados en la LFT, prohíben estrictamente, “toda acción u omisión que directa o indirectamente, provoque o perpetúe la brecha general de género”.
La reforma aprobada por 116 senadores considera como violencia económica el pagar salarios menores por cuestiones de género y establece la obligación de que, cada centro de trabajo cuente con un certificado de igualdad laboral y no discriminación.
Gómez Urrutia indicó que ninguna otra legislatura “se atrevió a llegar hasta lo que estamos llegando”, a una reforma que reconoce el derecho de las mujeres a percibir un salario igual al de los varones cuando se trate del mismo trabajo, obligando al patrón a pagar el daño que cause si hay discriminación de género en las remuneraciones.
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