Salvador García Estrada
Cuando se instalaron los famosos verificadores vehiculares en nuestra ciudad capital, en medio de la polémica que causó el otorgamiento de las concesiones correspondientes, se habló que serían de gran utilidad para, sino para eliminar, por lo menos reducir la contaminación provocada por la planta vehicular que cada día crece, a la par con este fenómeno convertido en un verdadero peligro para la salud de los cachanillas.
Lamentablemente no fue así, sino todo lo contrario como dice el viejo refrán. Los famosos centros verificadores se convirtieron en recaudadores que solo favorecieron desde el punto de vista económico, a los concesionarios, que al parecer son empresarios y políticos influyentes radicados fuera de Baja California.
Veamos por qué. Si quien nos lee lleva su vehículo a la famosa verificación y no pasa las pruebas establecidas para confirmar que su motor esta en buenas condiciones, es lo que menos importa; basta realizar el pago por el servicio y san se acabó, Se le expide un comprobante que ya cumplió con el requisito de la verificación y punto. Si la unidad genera más humo que las parrillas de una taquería, es lo de menos. No es problema de ellos.
De esa manera, una acción que supuestamente vendría a favorecer la lucha contra la contaminación, se ha convertido en un gran negocio para unos cuantos, convirtiéndolo en un programa fallido, como la ha señalado el secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Mario Escobedo Carignan, quien por cierto, aporta un dato muy interesante: solo el 36% del padrón vehicular estatal es “supervisado” por los centros verificadores.
Advirtió además el funcionario, sobre la necesidad urgente de rediseñar los programas encaminados a abatir la contaminación y mejorar así el medio ambiente de altísimo riesgo que estamos padeciendo en Baja California, de manera particular Mexicali con sus polvorientas calles y avenidas y algunas industrias ubicadas al poniente de la ciudad.
En tal contexto, surge el imperativo que los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- coordinen adecuadamente el destino de los recursos económicos, el uso de la infraestructura, presupuestos e infraestructura con el fin de abatir, pero en serio, la contaminación que hoy afecta seriamente a los bajacalifornianos, particularmente a los mexicalenses.
Asimismo, que apliquen, sin consideración alguna, leyes y reglamentos sobre la materia a las grandes empresas que operan en la zona oriente de la capital estatal, hasta hoy intocables, demostrando así, lo que tanto se ha cacareado: en el futuro, quien la hace “tendrá que pagarla”.
Punto final: ¿que paso con la demanda en contra de José Luis Ovando, todavía pastor del panismo bajacalifoniano?
