Torturas y uso de la fuerza excesiva en Venezuela

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) dio a conocer que las fuerzas de seguridad venezolanas han “maltratado” y “torturado” de forma “generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos.

El organismo acusa a las fuerzas de seguridad de ser responsables de la muerte de al menos 46 manifestantes —de 124 muertes investigadas hasta el 31 de julio en el contexto de las manifestaciones— y de llevar a cabo más de 5 mil detenciones arbitrarias. Los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían por otra parte responsables de 27 fallecimientos.

“Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas”, señala el organismo en un comunicado.

“Estas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, ha subrayado el Alto Comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein: “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del Gobierno”.

La vocera de la oficina para los derechos humanos, Ravina Shamdasani, ha agregado que los informes recibidos de “trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura […], no fueron casos aislados”.

Métodos de tortura

El organismo recibió información de la oficina del Defensor del Pueblo y llevó a cabo 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General…[MÁS INFORMACIÓN]

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