CIUDAD DE MÉXICO. En medio de la controversia suscitada por los comentarios del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma judicial propuesta por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el gobierno estadounidense ha dado un respaldo firme a su representante diplomático.
Brian A. Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, reiteró el respeto de Washington por la soberanía de México, pero respaldó las preocupaciones expresadas por Salazar en relación con los riesgos que implicaría la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Nichols destacó la importancia de que ambos países trabajen juntos para abordar estas preocupaciones.
En respuesta a la polémica, el presidente López Obrador anunció una pausa diplomática en su relación con la Embajada de Estados Unidos, aunque aclaró que las relaciones bilaterales continúan sin alteraciones. Esta pausa, sin embargo, no ha sido bien recibida en Washington, donde la Casa Blanca ha dejado claro que la oposición a la reforma judicial va más allá de un posicionamiento individual del embajador y refleja la postura oficial del gobierno estadounidense.
La embajada de Estados Unidos en México expresó, en respuesta al extrañamiento diplomático emitido por la Cancillería mexicana, su preocupación por el hecho de que la elección popular de jueces no contribuiría a combatir la corrupción ni a fortalecer el Poder Judicial. Este mensaje fue divulgado en las redes sociales del embajador Salazar, justo cuando López Obrador anunció la pausa en la relación. Nichols, por su parte, reiteró el compromiso de trabajar en conjunto para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte.
La reforma judicial, impulsada por López Obrador y respaldada por la mayoría legislativa de MORENA, partido en el poder, ha sido calificada por Estados Unidos como un riesgo para la democracia en México y una amenaza para la confianza de los inversores en la región.
El presidente mexicano, en su mañanera, sugirió que la oposición estadounidense podría estar motivada por intereses económicos, insinuando que “lo que no suena lógico, suena a metálico”.
La “pausa” anunciada por López Obrador ha generado reacciones en Canadá, otro importante socio comercial de México. Aunque el embajador canadiense Graeme C. Clark no fue tan contundente en sus críticas, sí admitió que los inversores canadienses comparten preocupaciones similares respecto a la reforma judicial. El gobierno canadiense ha subrayado que no tiene interés en intervenir en la política interna de México y que valora la relación bilateral.
Las diferencias sobre la reforma judicial han trascendido la relación personal entre López Obrador y el embajador Salazar, convirtiéndose en una preocupación compartida por los partidos Demócrata y Republicano en Estados Unidos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense ha expresado su inquietud por el intento de “socavar la independencia y la transparencia” del Poder Judicial mexicano.
A pesar de las presiones internacionales, el partido gobernante en México, Morena, ha mantenido su intención de avanzar con la reforma. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha recomendado que se respete el proceso legislativo para evitar posibles controversias. Aunque el proyecto ya fue aprobado en comisiones, la sugerencia de Sheinbaum de no precipitarse ha sido bien recibida por algunos sectores.
La reforma judicial ha tensado las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá, y ha generado protestas dentro del Poder Judicial mexicano. A medida que se acerca el final del mandato de López Obrador, su afán por aprobar esta y otras reformas ha generado incertidumbre en un traspaso de poder que se anticipaba sin mayores sobresaltos. La toma de posesión de Sheinbaum, la primera mujer en alcanzar la presidencia de México, está programada para el 1 de octubre, mientras que en Estados Unidos se avecina un proceso electoral en noviembre.
