Ciudad de México.- Después de una estancia en prisiones de Estados Unidos de poco más de un mes, el general Salvador Cienfuegos llegó este miércoles a territorio mexicano. Acusado de narcotráfico y lavado de dinero, el Departamento de Justicia pidió esta semana a la juez que desestimara los cargos, después de acordar con el Gobierno de México su traslado. La Fiscalía General de la República, FGR, tiene abierta una investigación “en la que está involucrado el general”, pero de momento, Cienfuegos ha quedado en libertad.
Entre el 15 de octubre y este martes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo lo posible para lograr el traslado a México del general Salvador Cienfuegos. La detención y acusación por narcotráfico contra el exsecretario de la Defensa en Estados Unidos habían caído como una bomba al sur del río Bravo. Sobre todo había molestado la falta de comunicación por parte de las autoridades estadounidenses.
El canciller, Marcelo Ebrard, se refería al asunto este miércoles por la mañana, en la rueda de prensa diaria del presidente: “Se tiene que compartir información, se tiene que actuar con apego a las leyes mexicanas”.
Las palabras de Ebrard esconden sin embargo toda una serie de advertencias que funcionarios del Gobierno mexicano expresaron ante sus pares de EE UU estas semanas. Estas advertencias señalaban que el futuro de las actividades de los 50 agentes de la DEA en México corría peligro.
El resultado ha sido el acuerdo para trasladar a Cienfuegos a México. Hasta el momento, ni Ebrard ni otros funcionarios han dado mayores detalles de las conversaciones mantenidas desde octubre de manera oficial.
Cienfuegos llegó en la tarde de este miércoles al aeropuerto de Toluca, a hora y media de la capital. Según ha informado la fiscalía en un comunicado, el avión aterrizó a las 18:40 horas, tiempo local.
Funcionarios de la agencia le condujeron a una sala privada del hangar y le practicaron un estudio médico. Fiscales le informaron luego de que hay una investigación abierta “en la que se encuentra involucrado”, a partir de la información que recopiló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Cienfuegos se ha dado por enterado, ha dejado sus datos y se ha marchado minutos después.
La reacción del Gobierno mexicano en este caso contrasta con otros, caso del ex fiscal del Estado de Nayarit, Edgar Veytia, condenado en EE UU, relacionado con el mismo grupo con el que la DEA relacionaba a Ciuenfuegos.
O el del exjefe de la policía federal durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, detenido el año pasado en Dallas. En ningún caso, López Obrador o su gabinete invocaron la soberanía de México o la confianza entre naciones. En ningún caso se negoció la vuelta de los detenidos, poniendo sobre la mesa el trabajo de la agencia antidroga estadounidense a territorio mexicano.
