La guerra entre ambos flancos sigue. El botín es el agua y la población es el rehén.
El diputado Luis Moreno Hernández (PES) mostró este miércoles en Tijuana documentos que supuestamente ponen en evidencia que el Gobierno del Estado sí venderá agua a Estados Unidos, señalando al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Manuel Guevara Morales, como mentiroso, pero este último insiste que por ley venderle agua a otro país es imposible.
Mientras que el legislador del Partido Encuentro Social ha sostenido que los documentos en su poder exhiben la manera en que una firma internacional a través de una filial en México venderá y transportará agua a los Estados Unidos, el funcionario estatal asegura que “nunca se ha manejado por parte del Gobierno Estatal la posibilidad de vender agua a otro país.”
Las secretas intenciones
Moreno Hernández criticó al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Manuel Guevara Morales, por mentir al Congreso local durante su comparecencia, al asegurar bajo protesta que no habría ningún acuerdo comercial con California con el agua que tratará la desalinizadora.
En rueda de prensa, compartió a medios de comunicación las conversaciones públicas que tuvo el presidente de la compañía Consolidated Waters que intenta instalar la desalinizadora en Playas de Rosarito, sobre las intenciones de la planta para llevar agua al Distrito de Agua de Otay, en San Diego.
“Lamentablemente nos damos cuenta que a través de mentiras quieren imponer cosas, más lamentable que un funcionario de gobierno asegure cosas que no son ciertas… Hasta el momento no sabemos que hay detrás de todo este andamiaje técnico-legal del Dictamen 94 de la Comisión de Hacienda”, expresó.
El vocero de PES Aarón Pallares indicó que los reportes que desde hoy están en manos de todos los diputados del Congreso del Estado, manifiestan que la obra hídrica anunciada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid como la más grande de Latinoamérica se prevé que produzca 100 millones de galones diarios, de los cuales de 25 a 40 millones serán destinados para el Distrito de Agua de Otay, es decir, 4 de cada 10 galones por día será utilizados por residentes del sur de San Diego.
Por su parte Moreno Hernández reveló que el organismo distribuidor de agua al sur del Condado estadunidense ya pidió el permiso presidencial para la creación del acueducto transfronterizo que llevará el agua a Estados Unidos.
“En qué país vivimos que una empresa desalinizadora primero renta instalaciones en Rosarito, luego con 17 millones de dólares les compra el terreno, recibe permisos municipales y estatales y luego entra a la licitación y pide permiso del congreso; no cabe duda que México es un país donde todo se hace al revés”, puntualizó.
El legislador tijuanense aseveró que el dictamen 94 tiene cuestiones que no es tan claras como el aspecto financiero de 9 mil millones de pesos que costará construir la empresa, pero el Gobierno Estatal se compromete a pagar contraprestaciones por el orden de los 77 mil millones de pesos.
Además, sostuvo que la parte técnica medioambiental también está en duda, pues que cuando después de tratar el agua, se regrese la sal al mar atentaría la vida de las especies marinas.
“La urgencia de las autoridades para instalar una planta desalinizadora, es parte del susto que quieren imprimir para que la gente crea que no hay agua en Tijuana y Rosarito; pero alguien está cerrando la llave por cuestiones políticas y financiera”, apuntó.
Por último, el diputado del PES reiteró que el contrato en dos fases para construir la desalinizadora es ventajoso para la empresa, pues el Gobierno del Estado no está preparado para el gasto de esta manera, “por eso las autoridades tuvieron que encontrar mecanismos para hacer frente a sus compromisos contractuales”.
Simplemente no se puede: Sidue
En un comunicado oficial, Guevara Morales sostuvo: El proyecto estratégico para la construcción, operación y mantenimiento de una planta desalinizadora de agua de mar en Playas de Rosarito, permitirá garantizar la disponibilidad del vital líquido en cantidad y calidad suficiente para las necesidades actuales y las expectativas de crecimiento de la Zona Costa del Estado, y nunca se ha manejado por parte del Gobierno Estatal la posibilidad de vender agua a otro país, ya que las leyes impiden que eso sea posible.
El contrato por medio del cual las comisiones estatales de servicios públicos estarán adquiriendo los volúmenes de agua convenidos con el consorcio Aguas de Rosarito, le impide a la empresa vender agua a ningún otro ente que no sea el Gobierno de Baja California, afirmó.
De igual forma, manifestó que las leyes impiden al Estado de Baja California la venta de agua a otro país, pues ese tipo de gestiones se tendrían que realizar por los gobierno federales de ambos países, y en dependencias federales como la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmando que incluso existen limitaciones legales que requerirían cambios constitucionales.
“Las únicas referencias a este tipo de intercambio son de documentos muy viejos, ninguno actualizado. Si esa era la proyección hace años, ya no lo es”, declaró Guevara Morales quien afirmó que en ningún punto de las bases de licitación, fallo o contrato de prestación de servicios se abre siquiera la posibilidad de que esto suceda, por lo que desmiente las declaraciones vertidas por algunos actores políticos, que sólo buscan confundir a la población y poner en peligro el abastecimiento seguro de agua para la zona costa.
Subrayó que aunque el Distrito de Agua de Otay haya manifestado públicamente su interés de comprar agua desalada a Baja California – ya que gracias al proceso de licitación, el agua desalada le constará al nuestro Estado mucho menos de lo que cuesta ese mismo proceso en las plantas desalinizadoras de California- el Gobierno Estatal no venderá un solo metro cúbico; “nuestra gente necesita el agua” finalizó.
