En estas condiciones los migrantes se encuentran en el deportivo Benito Juárez, acondicionado como albergue. Foto: José Luis Camarillo.
Autoridades obstruyen labor periodística.
Ante las expresiones racistas y la poca tolerancia por pare de la población y las autoridades, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) reiteró su llamado al Ayuntamiento de Tijuana y al Gobierno del Estado a realizar las acciones necesarias para la salvaguarda de los derechos humanos de las personas en contexto de migración, así como para proteger el ejercicio periodístico.
La titular en Baja California de este organismo, Melba Adriana Olvera Rodríguez, llamó a las autoridades y a la ciudadanía un llamado a la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el multiculturalismo, así como a erradicar expresiones racistas o xenofóbicas.
La Presidenta de la CEDHBC precisó lo anterior con base a las medidas cautelares solicitadas a las autoridades municipales desde el 11 de noviembre. Aunado a ello, subrayó que con esa misma fecha se abrió un expediente para la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos derivada de la presencia de la Caravana Migrante en Baja California, a los que se suman expedientes por las expresiones emitidas por autoridades municipales de Tijuana y por la obstrucción de la labor periodística para la cobertura informativa de estos hechos.
De manera adicional, Olvera Rodríguez refirió el pronunciamiento emitido de manera conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para la observancia de que la actuación de las autoridades se realice con apego a la ley, al respeto a los derechos humanos y con enfoque humanitario, ante el riesgo latente de que se cometan injusticias o se separe a los integrantes de las familias de personas migrantes que buscan mejores oportunidades de vida.
La Presidenta de la CEDHBC reiteró el llamado a las autoridades de gobierno de realizar todas sus actuaciones con base en el respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, la Ombudsperson puntualizó que las autoridades de gobierno tienen la obligación de atender no solo la Constitución, sino los tratados internacionales en materia de derechos de las personas en contexto de migración de las que México es parte e incluso ha sido inicialista, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; entre otros como el Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes; la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
Para finalizar, Melba Adriana Olvera Rodríguez, extendió una invitación a las personas en contexto de migración a que se acerquen a cualquiera de las oficinas del Organismo Público Autónomo, o bien, se comuniquen al número 9-73-23-73 ext. 101, o al número de guardia 01 800 026 7342 en caso de presentarse alguna violación a sus derechos humanos
