Se deben transparentar y someter a escrutinio público los proyectos de las asociaciones público privadas, con motivo del creciente interés social respecto de los dictámenes 94 y 95 de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, afirmó el comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California (ITAIPBC), Octavio Sandoval López.

Un comunicado del organismo señala que la ley define a los proyectos de asociaciones público privadas como aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura y recursos total o parcialmente del sector privado; así como aquellos bajo cualquier esquema para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

“Este tipo de asociaciones requieren de un monto muy alto de inversión en recursos en los primeros años, y los Estados al no contar con ellos acucen a este tipo de alternativas”, subrayó.

El Comisionado Presidente puntualizó: “Debido a la naturaleza de estas asociaciones se debe poner en una caja de cristal toda la información referente a los proyetos de asociación público privada, las etapas del concurso, que inicia con la convocatoria y bases para concursar, las propuestas presentadas, la evaluacio´n de las mismas y el fallo de adjudicación, así como los actos posteriores al fallo, y una vez que se concrete la asociación público privada, esta será sujeto de la Ley de Transparencia del Estado.”

Reiterando, se debe trabajar en esta materia sobre las buenas prácticas de Gobierno Abierto.

De acuerdo al principio de máxima publicidad y a la obligación del Estado de tranasparentar su gestión, se debe ddar acceso a la ciudadanía de aquellos compromisos que el gobiern oadquiere con estas asociaciones, máxime que los mismos exceden de su periodo de gestión; reiterando a los bajacalifornianos que cuentan con el derecho de solicitar aquella información pública que sea de su interés ante la unidad de transparencia del Gobierno del Estado, y en caso de que no obtengan la información requerida puede acudir ante este Instituto de Transparencia para que les garantice su derecho de acceso.

Finalizó: “La información pública en poder del Estado es prioridad de los bajacalifornianos, por esta razón tienen derecho a acceder a ella solo con los límites que la propia ley establece.”

 

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