TIJUANA.— El sector empresarial de Baja California llamó al Gobierno del Estado a evaluar desde ahora las posibles afectaciones económicas y laborales que generaría el traslado de la producción de la camioneta Tacoma de la planta de Toyota en Tijuana hacia San Antonio, Texas, previsto para concluir en 2030.

A través de un posicionamiento firmado por Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) de Baja California, los organismos empresariales expresaron su preocupación por las consecuencias que la decisión podría tener en los empleos, proveedores locales, cadenas de suministro y otras actividades económicas relacionadas con la operación de la armadora.

Los empresarios consideraron necesaria la participación del Gobierno del Estado y la apertura de los directivos locales de Toyota para evaluar los impactos de corto y mediano plazo y comenzar a diseñar estrategias de mitigación.

El posicionamiento cuestiona además que se minimice el impacto del anuncio bajo el argumento de que solamente se trasladará una línea de producción.

De acuerdo con el sector empresarial, la planta de Toyota en Tijuana cuenta con una línea dedicada a la fabricación de la Tacoma y otra vinculada a la producción de la caja de la camioneta, por lo que consideraron “incorrecto, confuso y engañoso” reducir el alcance de la decisión al traslado de una sola línea.

Plantean cinco acciones

Ante este escenario, los organismos empresariales propusieron cinco medidas inmediatas.

La primera consiste en brindar acompañamiento a los trabajadores para garantizar el respeto de sus derechos laborales ante cualquier afectación derivada del proceso de traslado.

Como segunda medida plantearon elaborar un plan de mitigación laboral, en coordinación con organismos empresariales y compañías de la región, para facilitar la incorporación a nuevos empleos de las personas que eventualmente pudieran perder su fuente de trabajo.

La tercera propuesta es establecer estímulos económicos y fiscales para promover la llegada de nuevas líneas de producción a las instalaciones de Toyota en Tijuana, particularmente aquellas destinadas al mercado mexicano y de América Latina.

También solicitaron instalar mesas de trabajo entre los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para diseñar medidas de protección al empleo local y reducir las afectaciones entre proveedores y trabajadores vinculados indirectamente con la armadora.

Finalmente, propusieron analizar el uso alternativo de las instalaciones para actividades de investigación y desarrollo.

“El sector empresarial reitera su compromiso con el desarrollo económico de la región. Seguiremos trabajando para que el país y el Estado de Baja California sean un destino seguro, competitivo y confiable para la inversión global”, señala el posicionamiento firmado por Sandoval López.

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