La fiscal María Elena Andrade informó que la indagatoria está relacionada con la desaparición de dos jóvenes y que no descartan nuevas detenciones de agentes municipales en activo e inactivos.
MEXICALI.- La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, aseguró que la investigación que derivó en la detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, comenzó en enero de 2023 y fue desarrollada durante más de tres años en coordinación con autoridades federales.
Durante una atención a medios, Andrade Ramírez afirmó que el operativo realizado este martes fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia Estatal de Investigación.
La fiscal indicó que, además del exdirector, fueron detenidos el excomandante Luis Alfonso “N” y otros elementos de la Policía Municipal, quienes son investigados por su probable participación en los delitos de desaparición de personas, robo de vehículo, asociación delictuosa y los que resulten.
Explicó que la carpeta de investigación está relacionada con la desaparición de dos jóvenes que viajaban con frecuencia desde Estados Unidos a Mexicali y que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, fueron vistos por última vez en el bar Shots, ubicado en la zona hotelera de la ciudad.
Según Andrade Ramírez, las indagatorias establecen que ambas víctimas fueron entregadas por policías municipales a integrantes de un grupo criminal, donde posteriormente habrían sido privadas de la libertad, torturadas y asesinadas. Señaló que estos hechos forman parte de la evidencia presentada ante un juez de control para obtener las órdenes de aprehensión.
La titular de la Fiscalía agregó que el padre de una de las víctimas también fue asesinado tiempo después de iniciar la búsqueda de su hijo y de realizar diversas entrevistas relacionadas con el caso.
Investigación sigue abierta
La fiscal sostuvo que la investigación continúa y confirmó que existen más órdenes de aprehensión vigentes contra agentes municipales.
“No descartamos mayores participaciones en otros delitos y consideramos que contamos con una carpeta fuerte y con las evidencias suficientes para continuar en las etapas correspondientes”, declaró.
Asimismo, anunció que la Fiscalía dará vista a la Fiscalía General de la República para que determine si existen conductas de competencia federal derivadas de las investigaciones.
Tres operativos contra policías municipales
Andrade Ramírez recordó que esta es la tercera intervención realizada por la Fiscalía dentro del denominado Operativo Alba.
Detalló que:
- En septiembre de 2025 fueron detenidos cinco policías municipales.
- En marzo de 2026 fueron capturados otros cinco agentes, incluidos mandos operativos del Valle de Mexicali.
- En julio de 2026 fueron detenidas tres personas más, entre ellas dos exmandos de alto nivel.
Con estas acciones suman 13 agentes municipales y mandos detenidos en Mexicali por investigaciones relacionadas principalmente con desaparición de personas.
La fiscal precisó que, a nivel estatal, la Fiscalía ha detenido a 36 policías municipales de distintos municipios por diversos delitos, por lo que rechazó que exista una persecución exclusiva contra la corporación de Mexicali.
Rechaza motivaciones políticas
Respecto al video difundido por el exdirector Pedro Ariel Mendívil, quien afirmó que su detención obedece a motivos políticos y responsabilizó a la fiscal de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia, Andrade Ramírez rechazó esas acusaciones.
Afirmó que la Fiscalía es un órgano autónomo y que la investigación “no fue hecha al vapor”, sino que inició hace tres años, mucho antes de la reciente difusión de audios relacionados con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Nosotros no trabajamos con ocurrencias; trabajamos bajo una investigación objetiva, respetando el debido proceso y los derechos humanos”, expresó.
Finalmente, reiteró que las investigaciones permanecerán abiertas y advirtió que cualquier servidor público que resulte involucrado, sin importar la corporación a la que pertenezca, será investigado conforme avance la obtención de evidencias.
