MEXICALI. La iniciativa que presentó la gobernadora Marina del Pilar para castigar el uso ilícito de cámaras en vía pública, práctica conocida como “halconeo”, carece de un diagnóstico del delito ni contiene indicadores que permitan dimensionar su impacto, ni tampoco se incluyen datos sobre menores o adolescentes utilizados en estas prácticas, a pesar de que su participación ha sido documentada en diversos contextos, comentó Guillermo Rivera Millán.
El director general del despacho De la Peña y Rivera S.C explicó que la propuesta de ley, no distingue entre vigilancia criminal y comunitaria, debido que, en un contexto de inseguridad, muchos ciudadanos han instalado cámaras para protegerse ante la falta de patrullaje. “Sin un marco claro, la reforma podría criminalizar prácticas legítimas de autoprotección. La ambigüedad jurídica genera incertidumbre y abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, especialmente cuando no se contempla el contexto social que motiva estas acciones”.
Además, dijo el litigante que, la ausencia de información sobre el posible involucramiento de funcionarios públicos en redes de vigilancia ilícita agrava el problema, ni se mencionan investigaciones internas ni mecanismos de control, si el fenómeno tiene componentes institucionales, la reforma debería incluir medidas de depuración y sanción para servidores públicos, así como mecanismos de supervisión que garanticen transparencia.
El también fundador de la agrupación Justicia que Transforma México A.C, aseveró que ante la proliferación de casetas, cableado y cámaras en fraccionamientos y colonias abiertas revela un conflicto normativo, “ los reglamentos municipales varían entre los siete municipios del estado, sin una política estatal que armonice criterios. Aunque la iniciativa aclara que no se considerará delito la instalación de sistemas en propiedad privada o bajo posesión legítima, el problema surge cuando estos dispositivos se orientan hacia la vía pública sin autorización ni regulación clara”.
Para Rivera Millán, se desdibuja la frontera entre vigilancia comunitaria y uso indebido del espacio público donde miles de ciudadanos han optado por organizarse, compartir imágenes, instalar cámaras vecinales y construir redes de autoprotección que, por su alcance territorial, superan incluso a las capacidades institucionales. Sin una vía legal que reconozca y regule estas prácticas, el riesgo de criminalización persiste, a pesar de su origen legítimo.
