La mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Tijuana no llegó a prisión únicamente por la comisión de un delito, sino tras una vida marcada por violencia de género, carencias económicas, escaso acceso a la educación, empleo informal y la ausencia de redes de apoyo. Así lo revela el diagnóstico Más allá del delito, elaborado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), que pone en evidencia las fallas estructurales y del sistema de justicia que profundizan la vulnerabilidad de estas mujeres.
El estudio, realizado con entrevistas a más de 400 internas del Cereso de La Mesa, muestra que una gran parte son madres, que muchas no cuentan con sentencia y que la mitad enfrenta el encierro sin recibir visitas. Además, expone que la violencia —en especial la ejercida dentro del entorno familiar— estuvo presente en la vida de la mayoría antes de su detención, pero en pocos casos fue denunciada.
Este diagnóstico plantea que, sin una mirada integral y con perspectiva de género, el sistema penal termina castigando no solo una conducta, sino contextos de desigualdad que el propio Estado no logró atender a tiempo. La CEDHBC subraya que los datos recabados deben servir como base para repensar políticas públicas que prevengan la criminalización, garanticen el acceso efectivo a la justicia y fortalezcan la reinserción social.
Las mujeres tras las rejas son víctima del desequilibrio social; la desigualdad al interior del Cereso no es diferente que afuera.
CEDHBC presenta diagnóstico que revela las causas estructurales que llevan a mujeres a prisión en Tijuana
La CEDHBC dio a conocer el informe Más allá del delito: Diagnóstico sobre las causas que llevan a las mujeres a prisión, un estudio que visibiliza las condiciones de vida previas a la detención de mujeres recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana, y que plantea que su privación de libertad no puede leerse solo como resultado de un acto delictivo.
El presidente de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, explicó que las trayectorias de vida de las mujeres que terminan en prisión están atravesadas por desigualdades estructurales, violencia, precariedad económica y ausencia de redes de apoyo, lo que contrasta con los patrones observados en hombres. Según el diagnóstico, estos factores juegan un papel decisivo en las decisiones y entornos que finalmente desembocan en actos que son sancionados penalmente.
¿Qué encontró el estudio?
Para elaborar el diagnóstico, la CEDHBC trabajó con el Instituto Municipal de la Mujer Tijuana (Inmujer) y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe). El 4 de agosto de 2025, se aplicaron entrevistas a las mujeres privadas de la libertad; de 431 internas registradas, 411 aceptaron participar en el levantamiento de información.
El informe concluye que, más allá del delito por el que están recluidas, estas mujeres han enfrentado trayectorias de vida marcadas por:
Violencia de género en diferentes momentos de su vida, con un 73.5% que refiere haber sufrido algún tipo de violencia antes de su detención.
Precariedad económica y laboral: más de la mitad tenía trabajo informal antes de ser detenida.
Acceso limitado a apoyos sociales: solo el 7.8% reportó haber recibido algún apoyo gubernamental antes de su reclusión.
Padres o parejas vinculadas a delitos: El 26% señaló que su pareja estuvo involucrada en el delito que se les imputa.
Aislamiento familiar: aproximadamente la mitad de las internas no recibe visitas de familiares o redes de apoyo.
Los datos demográficos también ayudan a entender mejor el perfil de las mujeres entrevistadas: La edad predominante es 32 años; el 92% son mexicanas y el 70.8% se identifican como solteras., además, el 84.7% son madres.
Una proporción significativa vivía en zonas con rezago social antes de la detención, siendo la delegación Sánchez Taboada la más representada.
Problemas estructurales y fallas del sistema de justicia
El diagnóstico apunta que la prisión preventiva prolongada, la defensa legal insuficiente y la falta de protección efectiva de derechos básicos profundizan desigualdades que ya existían antes de la detención. Por ejemplo, más del 39.9% de las mujeres aún no cuenta con una sentencia, lo que significa que pasan largos periodos privadas de la libertad sin una resolución judicial definitiva.
Ochoa Orduña subrayó que este diagnóstico no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para replantear políticas públicas con perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad. Señaló que es indispensable que las instituciones no solo atiendan la comisión de un delito, sino también las condiciones sociales que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las colocan en riesgo de ser criminalizadas.
Un llamado a la transformación
Según la CEDHBC, es necesario avanzar hacia respuestas institucionales que prevengan la criminalización de mujeres en situación de riesgo, mediante programas sociales y mecanismos de apoyo que atiendan contextos de violencia y desigualdad.
Además, propone que se garantice el acceso efectivo a la justicia, con defensa legal y acompañamiento durante todo el proceso penal, así como el fortalecimiento de programas de reinserción social, que permitan romper ciclos de violencia y exclusión.
Este diagnóstico profundiza en una realidad que ya habían señalado diversas organizaciones civiles: que las mujeres en prisión enfrentan una doble penalización, no solo por el presunto delito, sino por la violencia estructural, la ausencia de redes de apoyo y las fallas del sistema de justicia.
Los resultados completos de Más allá del delito están disponibles en la página de la CEDHBC.
