Después que un amparo federal permitiera continuar con su proceso de adopción a Víctor Fernando Urías Amparo y Víctor Manuel Aguirre Espinoza, la Coalición por la familia arremetió contra la justicia mexicana. En este caso las críticas van directas al juez Dante Orlando Delgado Carrizales, quien resolviera este recurso a la primer pareja homosexual que en Mexicali se casó por la vía civil.
En un comunicado firmado por el director asociado de Asuntos Vida y Familia, Guillermo Montaño G., se precisa que “indignación y vergüenza es poco para describir la falta de calidad moral y de principios en las personas que se encargan de impartir Justicia en nuestro estado”, refiriéndose al Juez. “…Por años hemos visto que de Justicia no conocen nuestros ministros siendo un hazmerreir internacional”, señala el documento.
“Se han olvidado de que el derecho a la preferencia sexual previsto por el Art. 1 de la Constitución Federal, no puede ni debe estar por encima del derecho y principio de interés superior de los menores”, indica el mensaje de la asociación conformada por el Consejo Mexicano de la Familia, la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano y la Federación para la Restauración Familiar en Latinoamérica.
La pareja del mismo sexo que firmara el año antepasado el contrato matrimonial, en medio de la polémica y de manifestaciones a favor y en contra, en la capital bajacaliforniana, fue citada para una evaluación psicológica el 10 de abril, examen a la que cualquier pareja que desee adoptar debe someterse ante personal del DIF Estatal.
La determinación del tribunal federal ha generado una evidente molestia entre las agrupaciones defensoras de la familia tradicional. “Los tribunales y las autoridades están sujetas a la Constitución Federal, al principio pro persona, obligadas a brindar protección amplia a la niñez…La Constitución del Estado de Baja California garantiza el derecho de los menores a vivir en el seno de una familia y el Estado debe garantizar de manera plena ese derecho: a la familia”, señala el documento enviado a los medios de comunicación.
La prioridad de la justicia mexicana, indican, debe ser la protección del menor y de la familia, los cuales no deben de dejarse por debajo “solo para cumplir caprichos de personas que en pareja naturalmente nunca podrían procrear a una criatura y en su frustración buscan torcer la ley para su beneficio y buscar sentirse bien, cuando lo que realmente importa es la integridad y sano desarrollo del niño siendo merecedor a tener una familia natural formada por un padre y una madre que antropológicamente son los modelos y ejemplos a imitar dentro de una familia”.
El documento prosigue: “Hacemos un llamado enérgico a nuestras autoridades de todos los órdenes de gobierno a asumir su responsabilidad y salvaguardar la integridad de los niños que han sido puestos bajo su tutela, recordándoles que ninguna persona tenemos el derecho de adoptar, sino que el niño es quien tiene el derecho de ser adoptado.”
Y concluye invitando a la ciudadanía de toda la entidad “a estar muy atentos a este hecho de alta corrupción, donde daremos muy puntual seguimiento, sabiendo, reconociendo y respetando que toda persona mayor puede hacer de su vida íntima lo que quiera, pero algo muy diferente es pretender enseñar ese modelo de vida a una criatura indefensa.”
