El escenario de la lucha de los grupos de resistencia en Mexicali ha cambiado; al principio era en las calles y ahora está en tribunales. Esta semana fue el turno de Jorge Benítez, miembro de Mexicali Resiste y que sigue en proceso por la denuncia que interpuso la diputada local, Rocío López Gorosave.
Todo comenzó en octubre pasado, luego de la trifulca en octubre pasado cuando una blusa de la legisladora resultó rota en el forcejeo a las afueras del Congreso del Estado.
Este miércoles 20 de junio se dio una nueva audiencia motivada por la solicitud de auxilio judicial solicitado por la defensa, encabezada por el equipo defensor, conformado por los abogados Fernando Rosales Figueroa y Emilio Villegas. El proceso, realizado en el Centro de Justicia de calle Sur en Mexicali.
En la audiencia por fin se evaluó el costo de la blusa de la legisladora, el cual se determinó en 850 pesos. Los delitos que buscan imputarle al miembro de Mexicali Resiste son lesiones y daño en propiedad privada.
El procedimiento estuvo lleno de particularidades, motivadas por la insistencia de la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en no aceptar el dictamen del especialista ortopedista Carlos Maya Quevedo, a quien presentó la defensa para realizar una evaluación del estado físico de la diputada.
En primer lugar, el equipo de López Gorosave se negó en aceptar el dictamen argumentando que Maya Quevedo es afín al grupo Mexicali Consciente y al mismo Mexicali Resiste, por lo que el resultado posiblemente no sería imparcial. A esta argumentación, Rosales Figueroa sostuvo que el médico es un profesional y no se prestaría a dicha actitud y en dado caso que así no lo sopesara la diputada podría solicitar una sanción contra el doctor.
En un segundo argumento, el equipo legal que acompaño a la perredista indicó que la aludida no deseaba ser examinada por un médico varón y que prefería que fuera mujer. Lo cual rápidamente fue refutado por la defensa de Jorge Benítez, quien mostró otras evaluaciones médicas hechas por doctores varones, incluida una llevada a cabo por César González Vaca, titular del Servicio Médico Forense (lo cual es bastante extraño en palabras de Rosales).
Finalmente el auxilio judicial fue a favor del ciudadano manifestante, por lo que la diputada tendrá que someterse a un dictamen del doctor Maya Quevedo, decidió la juez de control Dora Leticia Contreras.
