El recurso de amparo que promovieron agricultores del Valle de Mexicali contra el Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) y, como tercero interesado, la empresa cervecera Constellation Brands se reanudará el próximo miércoles cuando se realice la audiencia constitucional ante juez federal luego de se ha postergado hasta en dos ocasiones anteriores.
La abogada que lleva el recurso de amparo, Alejandra León Gastélum, explicó que la más reciente ampliación del periodo se dio debido al alegato de la firma estadounidense en el que argumenta la falta de interés jurídico en el asunto de quienes promueven el amparo, aludiendo a que no todos los productores incluidos en este recurso colectivo viven en la zona del ejido El Choropo, donde se construye la planta de la empresa.
Sin embargo, la respuesta del equipo jurídico que defiende a los productores repeló el argumento al demostrar que el interés jurídico es el agua y ese es un bien común establecido en la Constitución del país. “El agua es de todos, es un interés legítimo, es un derecho humano y es uno de los derechos humanos fundamentales de todos los ciudadanos de este planeta” expuso.
Derivado de este argumento de la empresa, que finalmente ni es siquiera el primer interesado en el amparo, se decidió ampliar el recurso y por ello se solicitó un nuevo plazo que fue aceptado por el juez federal, explicó la abogada. Durante el periodo concedido se demostró que el manejo del agua, como recurso natural, es competencia federal y todo acuerdo que hay entre la Cespm y Constellation Brands es ilegal ya que violenta la Constitución.
En ese sentido, León Gastélum detalló que el equipo de abogados que representa se hizo de una copia de un contrato firmado entre autoridades de la Comisión y la empresa extranjera en abril de este año, en donde la dependencia compromete 7 millones de metros cúbicos de agua para la cervecera. El juez admitió esta prueba como válida y por ello aprobó la ampliación del plazo para la audiencia constitucional.
Sostuvo que para trasladar esa cantidad de agua desde la toma de abastecimiento del organismo hasta el ejido El Choropo, donde se construye la planta, se presentó un proyecto ante la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) para construir una línea de conducción. Sin embargo, esta obra está fuera del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) original, por lo que es ilegal la forma en que se pretende abastecer del líquido en una primer etapa la empresa.
Sin una forma segura y comprobable de agua, no se cumple con el mismo MIA que exige la SPA por lo que la construcción de la planta cervecera no debería permitir, finalizó León Gastélum.
