MEXICALI. Más de 25 organizaciones de la sociedad civil en Baja California, presentarán amparos en tribunales de Mexicali, Tijuana y Ensenada contra el Protocolo Estatal de Actuación para la prevención y atención de manifestaciones, publicada el 25 de julio en el periódico oficial, la cual calificaron como inconstitucional y antidemocrática al atentar contra la libertad de expresión, así como al derecho de libre manifestación.
El abogado Carlos Atilano Peña, expresó que el documento no tiene justificación y obedece a una actitud temeraria por parte de la gobernadora Marina del Pilar pretendiendo evitar las marchas, siendo lo anterior un camino hacia una dictadura, “no cumple con los parámetros constitucionales, ni Derechos Humanos ni tampoco amnistía internacional”.
De acuerdo a la opinión del litigante Guillermo Rivera de la agrupación Justicia que Transforma México, explicó que el protocolo, no clarifica el uso de la fuerza pública ni tampoco establece el tipo de delitos que se estarían penalizando, “está mocho, hace una narrativa en derechos humanos, el secretario de gobierno no tiene facultad ni tampoco es vocero de las policías, se adelantaron en la creación del protocolo, faltó mayor socialización, se viola la autonomía municipal, la libertad de expresión”.
En el tema, el vicepresidente del Colegio de abogados en Tijuana Francisco Gómez manifestó que el protocolo es un acto de molestia anticipado, ya que el gobierno debe conocer quién o quiénes convocan a la marcha, se iniciarán actos de investigación cuando se de conocer de la convocatoria en redes sociales, “es un instrumento disfrazado con otros objetivos, quieren tomar el control de lo que hacemos”.
Por último, Victoria Bentley Duarte exdirigente sindical, criticó que los trabajadores que laboran en el servicio público y pretendan participar en las manifestaciones, no podrán informar ni opinar acerca de ellos, lo que dijo, es una ley mordaza.
