MEXICALI. La Secretaría de Educación de Baja California enfrenta críticas por el proceso de actualización de los protocolos escolares, previsto para presentarse en septiembre al inicio del ciclo escolar 2025-2026. Aunque la medida busca reforzar la atención ante emergencias en planteles educativos, diversos actores del sistema escolar advierten que la reforma se está construyendo sin diálogo suficiente ni garantías jurídicas claras.
La titular de la dependencia, Irma Martínez Manríquez, explicó que la iniciativa responde a casos como el del menor Martín Damián, quien falleció en 2023 tras sufrir un golpe en la cabeza dentro de la escuela Eucario Zavala en Mexicali. El maestro que lo atendió fue recientemente declarado penalmente responsable por omisión de auxilio, lo que ha encendido alertas sobre la vulnerabilidad legal del personal docente.
“Sabemos que los maestros no son doctores ni psicólogos, pero buscamos protección para ellos en caso de cualquier incidente que se presente”, señaló Martínez, quien aseguró que la propuesta ha sido bien recibida por directores, supervisores y docentes.
En contraste, la Comisión Estatal de Supervisores y Jefes de Sector de Educación Básica emitió un posicionamiento crítico, señalando que el proceso de revisión ha sido apresurado, poco transparente y sin acompañamiento jurídico adecuado.
Entre sus principales preocupaciones destacan: Uso de formularios digitales sin espacios de deliberación colectiva, falta de acceso al documento completo para su análisis y riesgo de criminalización del personal educativo ante vacíos normativos.
La Comisión propone retomar el análisis tras el receso escolar, instalar una mesa jurídica estatal permanente y emitir un documento oficial que respalde el actuar de buena fe del personal docente. “No se puede reformar la protección escolar sin proteger también a quienes la implementan”, señalaron.
