CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por una jueza federal por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, así como por el delito de delincuencia organizada. Como medida cautelar permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso judicial.
La resolución fue emitida al término de una audiencia que se prolongó por más de 24 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde también fueron vinculadas a proceso otras siete personas relacionadas con la investigación.
¿De qué lo acusa la FGR?
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, quien fuera el primer mandatario estatal panista en Baja California habría participado en una organización dedicada al ingreso ilegal de combustibles provenientes de Estados Unidos mediante operaciones de importación con información presuntamente falsa para evadir el pago de impuestos. Las imputaciones son por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La investigación federal sostiene que la red utilizaba una empresa aduanal vinculada al exmandatario para introducir combustible al país declarando los ferrotanques como semivacíos, cuando en realidad transportaban hidrocarburos. El caso se desprende del aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila y de una investigación que, según la FGR, permitió detectar un esquema de contrabando de aproximadamente 800 millones de litros de gasolina y diésel, con un presunto daño al erario superior a los cinco mil 400 millones de pesos.
La defensa rechaza las acusaciones
Ernesto Ruffo ha rechazado las imputaciones y sostiene que únicamente era accionista de una empresa dedicada a realizar trámites aduanales, negando haber participado en actividades ilícitas. Sus abogados han señalado que la Fiscalía carece de pruebas suficientes y han insistido en que el exgobernador es inocente.
Por su parte, familiares del exmandatario denunciaron el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y calificaron el proceso como una persecución política, postura que ha sido rechazada por la FGR, institución que asegura que la investigación está sustentada en pruebas ministeriales, fiscales, financieras, aduaneras y periciales, además de que se ha respetado el debido proceso y la presunción de inocencia.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia de culpabilidad. El procedimiento judicial continuará en la etapa de investigación complementaria, donde tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar nuevas pruebas antes de que se determine si el caso llega a juicio.
