El próximo viernes 04 de mayo vence el plazo para que los diputados locales pertencientes a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado respondan a la solicitud de información realizada por el abogado Fernando Rosales Figueroa sobre la documentación referente a la aprobación del dictamen 62 y la cual respaldada por el pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) de Baja California.
El propio litigante, asesor del movimiento Mexicali Resiste, explicó que de no ser así el órgano legislativo sería merecedor de una multa y aún así tendrían que responder, según las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
En rueda de prensa este miércoles en el restaurante Samborn´s del Centro Cívico de Mexicali, explicó que el dictamen 62 fue el que dio pie a los proyectos de infraestructura en modalidad APP (Asociación Público Privada) y el cual fue votado bajo muchas irregularidades, por lo que desde noviembre del año pasado hizo la solicitud de información vía el ITAIP, en donde después de una largo procedimiento decidió que el Congreso, como sujeto obligado, tiene que responder.
Ante la magnitud de los hechos que se buscan transparentar, el asesor legal de Mexicali Resiste, dijo que no le sorprendía el tiempo que tardo el instituto en fallar a su favor.
Representantes de diversos grupos opositores a los proyectos en asociación Público-Privada (APP) celebraron la resolución REV/445/2017 del ITAIP con la que obligan a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado a entregar copia certificada de la documentación relativa al votación del dictamen 62.
Por su parte, Jesús Galaz Fontes, de Mexicali Consciente, sostuvo que los consejeros del ITAIP basaron la decisión de su voto, que fue unánime, en que los proyectos que se plantearon en modalidad APP representan deuda pública para la entidad (contrario al discurso del gobierno del estado) y por ello es obligación del Congreso responder a la solicitud de información realizada.
“Transparencia sin rendición de cuentas es cinismo”, expresó el académico de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quien aplaudió la resolución del Instituto de Transparencia y aseguró que un paso importante en la lucha para echar abajo los proyectos APP en la entidad.
Una vez entregada la documentación del dictamen 62, ésta sería entregada a expertos en materia fiscal, contable, ambiental y otras áreas para ser analizada. El reporte se daría a conocer de forma pública.
