Corrupción, irregularidades y resultados no garantizados, rodean el proceso.
Líderes empresariales de los cinco municipios de Baja California unieron sus voces este miércoles para denunciar posibles actos de corrupción e ilegalidades que rodean el proceso de licitación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5i) de Baja California.
Desde Tijuana, Rodrigo Llantada Avila, presidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali informó ante medios de comunicación que este jueves se presentará una denuncia ante la Contraloría, contra quien resulte responsable por estas sospechas, misma que deberá resolverse en un lapso de 30 días hábiles. En caso de que no sea así, este organismo estaría incurriendo también en encubrimiento.
Junto a los líderes del sector patronal, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE) también manifestaron, en la voz de su presidente, Juan Manuel Hernández Niebla, su descontento por la forma en que se invertirán 789 millones 280 mil 700 pesos, pagaderos a través de una Asociación Público Privada (APP) en 10 años en el proyecto que estaría desarrollando la empresa Seguritech.
Pero si las sospechas de corrupción y de irregularidades son preocupantes, lo más grave es que pese a todo el C5i no vendría a resolver el problema de inseguridad en Baja California, donde más bien se ocupan más y mejores policías, con equipos, capacitación, sueldos y prestaciones adecuados, afirmó Hernández Niebla.
Consideró que una inversión y un endeudamiento de ese tamaño debería ser transparente y hecho de frente a la población, lo cual este proyecto no ofrece.
En la rueda de prensa también estuvo presente el diputado estatal Jorge Eugenio Núñez Lozano (Partido de Baja California), quien desde hace tiempo ha cuestionado este proceso que ha avanzado entre sospechas.
“Necesitamos cuentas claras, y un gobierno que sea receptor de críticas y cuestionamientos, y es fundamental que podamos tener la claridad de este procedimiento porque hoy más que nunca vivimos altos índices de inseguridad en Baja California, por lo que los recursos que se ejerzan deben ser eficientes y que den resultados a las necesidades que presenta el estado”, señaló.
El proceso para licitar el C5i surgió del Decreto 153 del Congreso del Estado, donde se estableció que debía realizarse por medio de una licitación pública y abierta, la asignación de la obra y la operación del mismo.
Ya se solicitó, dijeron los exponentes, un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito para frenar el proceso de pago del Gobierno del Estado a la empresa, el cual se resolverá en octubre próximo.
Durante el proceso de licitación no se cumplieron los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en la aplicación de recursos públicos al ser sólo dos compañías las que licitaron, Seguritech e Interconecta, donde la segunda fue desechada por no sustentar a su representante legal, por lo que la decisión final no incluyó números comparables.
En este proceso tampoco se invitó a todas las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública a la apertura y presentación de las propuestas.
En conclusión no se cumplió de manera plena con la transparencia y máxima publicidad requerida en la autorización del Congreso del Estado, “al no incorporar a la sociedad civil organizada en calidad de testigo social en la supervisión y evaluación del proceso de licitación”.
Suspicacias rodean a Seguritech
Además de las irregularidades en el proceso de licitación, los empresarios cuestionaron la efectividad de Seguritech, al ser una empresa que cuenta con más de 21 denuncias ante el Congreso de la Unión, por malos servicios a la administración pública, aparte de otras denuncias en entidades por falla en los equipos con que habilitaron a diversos gobiernos.
Seguritech, según reporte de un diario nacional, tiene interpuesta seis denuncias ante el Congreso de la Unión por presuntas irregularidades en torno a 22 proyectos implementados en 22 estados y municipios del país, dijo Hernández Niebla.
