Juicio político contra Francisco Vega de Lamadrid pidió formalmente hoy la senadora Alejandra León Gastélum ante al Congreso de la Unión, para que este Poder inicie el procedimiento contra el gobernador de Baja California, a quien le acusa de el manejo indebido de los recursos públicos, lo que ha llevado a Baja California a la actual crisis financiera que se ve reflejada en la falta de pago a maestros y trabajadores al servicio de distintas entidades gubernamentales. 

De ser condenatoria la decisión del Legislativo, Kiko Vega sería destituido de su cargo y además inhabilitado para otros cargos públicos.

“No va a haber impunidad en Baja California, ya basta de impunidad y de corrupción”, señaló la representante de la entidad por el Partido del Trabajo, al acudir este jueves a la Cámara de Diputados federal a presentar la solicitud formal para que legisladores den entrada a esta solicitud.

“A nombre del pueblo de Baja California vengo a presentar y a ratificar esta denuncia de juicio político en contra de nuestro gobernador de Baja California, Kiko Vega”, mencionó al momento de presentar los elementos de prueba correspondientes a esta solicitud, los cuales llevó envueltos con un listón rojo.

León Gastélum indicó que las pruebas entregadas incluyen denuncias por desvío de recursos desde el 2014 a la fecha, por parte del Ejecutivo estatal.

Señaló que al día, los trabajadores de la Sección 37 del SNTE no han recibido su pensión, a lo cual se añade pagos pendientes a personal activo e interino del magisterio, incluyendo del SETE y de la Sección 2 del mismo sindicato de trabajadores de la educación.

“Tenemos los elementos suficientes para presentar esta denuncia a juicio político a nombre de todo el pueblo de Baja California, porque no es justo que hasta el día de hoy nuestros maestros jubilados y pensionados e interinos no estén recibiendo su pago”, insistió.

A esta lista de adeudos se agrega la falta de pago de aguinaldos a trabajadores del Instituto Estatal Electoral de Baja California, del Poder Judicial del Estado, y a los de todas las demás dependencias estatales, lo cual consideró, es además de ser una falta de respeto, es una falta de responsabilidad, que viola “los derechos humanos que merecemos todos los trabajadores de esta nación”, abundó la Senadora.

Kiko Vega podría ser destituido

De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los motivos para solicitar un juicio político pueden ser el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones de carácter grave, y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

Facebook Comments

Comentarios

comentarios

GRACIAS A TU DONATIVO PODERMX SIGUE SIRVIENDO A LA COMUNIDAD.