El discurso de alcaldes de Tijuana y Mexicali y el Gobernador de Baja California respecto a que los recursos para atender a migrantes deben de provenir en su totalidad de la federación debe de superarse y los gobiernos locales tienen que hacerse responsables de destinar los recursos suficientes para el tema, señaló la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez.
Luego de su comparecencia ante la Comisión especializada en la materia en el Congreso del Estado, la ombdusperson sostuvo que las declaraciones del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y los alcaldes de Mexicali, Gustavo Sánchez, y Tijuana, Juan Manuel Gastélum, que reiteradamente caen en el lugar común de responsabilizar al gobierno federal de no entregar recursos para atender a población migrante no caben en autoridades de regiones fronterizas.
“Decidir ser alcalde o alcaldesa de una ciudad fronteriza es decidir atender de manera pertinente y con base al respeto de los derechos humanos el fenómeno migratorio. Decidir ser gobernador o gobernadora de una entidad fronteriza es aceptar la obligación de garantizar los derechos de cualquier persona que transite por el estado”, sostuvo la entrevistada.
Baja California se encuentra un paso delante de otros estados en temas migratorios, aclaró, al haber formado desde hace un par de años la Comisión Estatal de Atención al Migrante, organismo que no existe en muchos lugares con este mismo flujo de población flotante. Sin embargo, hace falta la implementación de mecanismos específicos para solventar problemas derivados del tránsito de personas por el territorio bajacaliforniano.
Es tarea del estado y los ayuntamientos, recalcó Olvera Rodríguez, destinar recursos económicos específicamente para apoyar el paso de migrantes por la entidad.
