MEXICALI. El abogado penalista Fernando Rosales adelantó que impugnarán la sentencia de ocho años de prisión dictada contra su defendido, Jesús Enrique Gutiérrez, ex empleado de Bienestar Social Municipal (Bisom), luego que fuera declarado culpable del desvío de tres millones de pesos, en hechos ocurridos en noviembre de 2019 y que derivaron en un proceso judicial que continúa generando controversia en el ámbito local.
Este lunes al final del tradicional desayuno del Grupo Madrugadores -al cual pertenece- Rosales cuestionó la valoración de las pruebas por parte de la Juez de Control que impuso la pena, argumentando que existió una valoración inexacta de los elementos probatorios y que se omitieron tesis y jurisprudencias aplicables al caso.
El abogado defensor sostuvo que, pese a que la sentencia se basa en la presunta responsabilidad de su cliente en el peculado por desvío de recursos públicos, no se acreditó de manera clara quién realizó las transferencias ni cómo se ejecutaron, ni se esclareció el rol de posibles terceros vinculados al hecho.
Advirtió que existe un “caudal probatorio” que, a su juicio, fue desestimado en la resolución judicial y que será presentado en la apelación correspondiente para intentar revertir el fallo.
El caso se remonta al 15 de noviembre de 2019, cuando se detectó el faltante de tres millones de pesos de las cuentas de Bisom, antes denominada Desarrollo Social Municipal (Desom), siendo entonces dirigido por la hoy diputada estatal Alejandra Ang. Las investigaciones posteriores y la integración de la carpeta acusatoria llevaron a que Jesús Enrique “N”, quien fungía como coordinador administrativo y financiero, fuera vinculado al presunto desfalco.
Desde la defensa se ha denunciado la falta de claridad en las diligencias iniciales, así como inconsistencias en la investigación bancaria que, según Rosales, no permitió identificar con precisión el destino de los recursos. Por ello, el litigante adelantó que solicitarán la revisión de la sentencia ante instancias judiciales superiores, con el objetivo de obtener una nueva valoración de las pruebas y defender la presunta inocencia de su cliente.
