MEXICALI. “Creo que somos el único sector que pide a gritos que se nos regule adecuadamente”, afirmó Marco Antonio Aguilar Soto, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (API), quien señaló que los fraudes en este sector están sin frenos en esta capital.
En los primeros diez meses, dijo, se documentaron ante la Fiscalía General del Estado 89 denuncias por este delito en Mexicali, lo cual representa un duro golpe al patrimonio de las personas.
Durante la ceremonia en la cual tomó protesta por un segundo periodo al frente de la API de Mexicali, Aguilar Soto aseguró que el sector hace un gran esfuerzo para frenar este tipo de fraudes. Van, recordó, dos leyes inmobiliarias propuestas y aprobadas, con sus respectivos reglamentos, “pero aún no se ha cerrado la pinza”.
Cada caso representa una afectación al patrimonio de las famlias que con mucho esfuerzo buscan hacerse de una propiedad, lamentó el representante de los profesionistas inmobiliarios. “No podemos permitir que eso siga ocurriendo y que se juege con el patrimonio de las personas”, insistió en su discurso.
Ante agremiados y servidores públicos, Aguilar Soto señaló que aunque sí existe la ley que regula a los profesionales inmobiliarios en Baja California, “en la práctica no está funcionando de manera efectiva, ya que no existen mecanismos operativos que obliguen a verificar la licencia inmobiliaria en las transacciones”, lo que le abre la puerta a cualquier persona sin licencia y sin capacitación, a participar en trámites de este tipo.
Para evitar que se sigan dando este tipo de delitos, el Presidente de la API propuso la creación de una base de datos única en donde se concentren todas las opciones existentes, ya que actualmente alguien que quiera adquirir una propiedad, tendría que visitar todas las inmobiliarias para conocer la totalidad de posibilidades.
También es importante que instituciones clave durante un proceso inmobiliario, como lo son las notarías, catastro, registro público etcétera, verifiquen por obligación que los intermediarios en estos procesos cuenten con la correspondiente licencia.
Además el líder inmobiliario propuso la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil, con el cual se daría protección al cuidado del patrimonio de las personas, en caso de que algo saliera mal en la transacción, que se verifique a través de inspecciones y se sancione oportunamente a quienes carezcan de este documento.
Estos candados, recordó, ya se aplcian en Estados Unidos, lo que ha hecho sólida la práctica inmobiliaria.
Marco Antonio Aguilar Soto concluyó que la ley inmobiliaria de Baja Calfornia no es inoperante por falta de regulación sino por falta de mecanismos obligatorios de verificación dentro del sistema institucional”.
Y aunque a la ceremonia donde se le tomó protesta a la nueva mesa directiva de la API, no asistieron titulares del Ejecutivo ni diputados, sino sus respectivos representantes, su Presidente les hizo un llamado a realizar los cambios pertinentes que ayuden a frenar los fraudes inmobiliarios, a la brevedad posible.
