MEXICALI. Un caso de presunta violencia digital ocurrido al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California exhibe algo más profundo que una denuncia entre compañeras de trabajo: una posible red de protección y complicidades dentro de la Unidad de Delitos Sexuales. La carpeta de investigación, integrada por compañeros directos de la denunciante, habría sido construida “a modo”, con omisiones clave y la exclusión de instancias internas que debieron intervenir desde el inicio.

El caso terminó exhibiendo una serie de decisiones internas que hoy generan más preguntas que certezas. La actuación de la Unidad de Delitos Sexuales, la integración de la carpeta de investigación y la exclusión de áreas clave como Asuntos Internos apuntan a un posible entramado de protección entre funcionarios de la propia institución.

Los hechos se remontan a febrero de 2025. Carmela “N”, agente estatal de investigación adscrita a la Fiscalía, presentó una denuncia contra Jaqueline “N”, trabajadora administrativa de la misma dependencia. La acusación señalaba que Jaqueline habría compartido fotografías íntimas de Carmela —sin su consentimiento— con el comandante de la Agencia Estatal de Investigación.

El caso, sin embargo, fue atendido de manera atípica desde su origen. A pesar de tratarse de un conflicto entre dos empleadas de la FGE, no se dio vista al área de Asuntos Internos, como marcan los protocolos cuando existe una posible falta administrativa o conflicto de interés. En su lugar, la denuncia fue recibida y procesada por los propios compañeros de la denunciante, integrantes de la misma unidad donde ella labora, pese a que Jaqueline promovió ante Asuntos Internos que se llevara el caso a otra unidad de investigación.

Estos funcionarios no solo integraron la carpeta de investigación, sino que la condujeron hasta su judicialización. En el proceso, de acuerdo con la defensa de Jaqueline, se omitieron elementos clave y se dejaron fuera datos que resultaban fundamentales para entender el contexto completo de los hechos.

La versión que finalmente se expuso en audiencia distó de la presentada en la denuncia inicial. El pasado 16 de enero, durante la audiencia para formular imputación, el Juez de Control, Rogelio Robledo Martínez, desestimó la solicitud de la Fiscalía. La razón fue contundente: las fotografías íntimas en cuestión ya habían sido publicadas previamente por la propia Carmela en sus cuentas personales, con un propósito distinto al que se sostenía en la acusación, asimismo, Jaqueline ejercitó su derecho de denunciarla sin dolo de denostarla, por lo que no se logró la vinculación a proceso. 

Según lo expuesto ante el juez, las imágenes fueron hechas públicas por la propia denunciante con la intención de presionar a Jaqueline para que se alejara de quien entonces era su pareja sentimental, un hombre que también aparecía en las fotografías y con quien Carmela había mantenido una  relación casual.

Antes de que el conflicto escalara a una denuncia penal, Jaqueline asegura haber recibido amenazas directas relacionadas con el caso. Ante ese escenario, decidió denunciar las amenazas, acoso y falta de disciplina dentro de las instalaciones de la FGE por parte de Carmela al Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, con la intención de que el asunto no trascendiera y se resolviera internamente. El efecto fue el contrario: Carmela la denunció porque según ella debió acudir a otra autoridad, pese a que la Ley faculta al comandante para recibir denuncias de sus agentes a cargo, denuncia que avanzó y la carpeta fue integrada por el círculo laboral más cercano a la agente denunciante.

Tras la resolución judicial, el conflicto no se cerró. Carmela ha señalado públicamente al Poder Judicial por revictimizarla al desechar su denuncia, mientras que Jaqueline afirma temer por su vida y la de su familia, al considerar que enfrenta no solo una acusación penal fallida, sino el respaldo institucional de un grupo que —desde su perspectiva— actuó para proteger a una de las suyas.

El caso trascendió a lo público luego de que Carmela dijo ante algunos medios de comunicación haber sido revictimizada, debido a que el Juez desestimó su denuncia. Sin embargo, Jaqueline ha señalado que estos mismos medios le han negado su derecho de réplica. Debido a ello, ha sido víctima de amenazas, acoso y comentarios tendenciosos que la juzgan por un un delito que no cometió.

En estas publicaciones, Jaqueline ha recibido insultos y violencia, a través de expresiones como: “maldita”, “dale cuello”, “pa’ qué batallas”, “desaparécela” entre otras.

“Pensé hasta quitarme la vida. Los medios no saben ni lo que hacen. En junio cuando ella hizo su escándalo yo me quería morir… pero mira lo que hacen los medios, destruyen a una familia, destruyen a una persona”, señaló.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha informado si abrió una investigación administrativa paralela para revisar la actuación de su personal y tampoco ha explicado el porqué se permitió que la denuncia fuera procesada por funcionarios con un evidente conflicto de interés.

La confrontación

De acuerdo con el testimonio de Jaqueline, el conflicto tuvo un primer punto de quiebre en noviembre de 2024, cuando Carmela -a quien ella no conocía- la contactó a través de Messenger para decirle que su entonces pareja le había sido infiel con ella y que quería hablar personalmente. Jaqueline se negó en un inicio. Posteriormente, su pareja aceptó que había tenido una relación casual con Carmela y aseguró que ella se había obsesionado con él, pese a estar casada.

Ambas se reunieron después en los patios de la propia Fiscalía General del Estado. Jaqueline recuerda que en ese encuentro Carmela le confesó que estaba casada, pero que se trataba de una relación “muy abierta”, ya que —según le dijo— su marido le daba su consentimiento para tener otras parejas.

A partir de ese momento, Jaqueline afirma que comenzó a ser acosada. Señala que la situación fue subiendo de nivel y Carmela le dijo que sabía dónde vivía, que tenía hijos y que podría hacer públicos videos con contenido íntimo que tenía con su entonces pareja, si no accedía a dejarlo. Con el paso de los días, el conflicto fue escalando sin que ninguna autoridad interviniera.

La situación se salió de control cuando Carmela publicó en su fotografía de perfil de WhatsApp y en sus estados imágenes en las que aparecía junto con el entonces novio de Jaqueline. Ante ello, Jaqueline decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, esa acción terminó por volverse en su contra: la agente estatal fue quien finalmente la denunció a ella por violencia digital.

Pese a que desde un inicio los compañeros de Carmela conocían el contexto completo del conflicto, y que las imágenes habían sido difundidas por la propia agente, por razones que hasta ahora no han sido aclaradas decidieron integrar la carpeta de investigación y llevarla a judicialización.

Durante la audiencia, el Juez de Control fue claro al señalar que, al denunciar, Jaqueline no buscaba ejercer violencia contra su denunciante, sino reportar una situación irregular que se estaba desbordando y que involucraba a dos trabajadoras de la Fiscalía.

Cabe señalar que Carmela agregó en su denuncia imágenes más íntimas suyas que nunca subió a sus redes sociales, con el fin de robustecer la denuncia, al parecer alterando la evidencia.

A ello se sumó otra omisión relevante: la Fiscalía no recurrió a ningún perito para corroborar el origen de las imágenes presentadas por la denunciante, una diligencia básica en este tipo de casos.

“Yo no soy una persona que anduvo publicado sus fotos; ella las publicó. Ahora sale a decir que tiene un gran daño psicológico y mental que porque todo el mundo trae esas fotos, pues cuando subes tus estados todos tus contactos las miran y si tienes una foto de perfil… todo el mundo trajo esas fotos”, explica Jaqueline.

Ante estos hechos, la entonces pareja de Jaqueline decidió denunciar a Carmela, por haber exhibido imágenes íntimas sin su consentimiento. Esa denuncia no fue clasificada como delitos contra la imagen y la intimidad, sino que le acusaron de amenazas, a lo que Carmela respondió con otra denuncia en la cual argumentó hechos contra su expareja, a la vez que acudió a algunos medios de comunicación locales para atacarlo, hasta que él optó por desistirse de la denuncia.

“Hago un llamado para la Fiscalía, para que voltee a ver ese caso, para que evalúe si ella que dice ser paciente psiquiátrico y estar medicada, está apta para traer un arma de fuego”, pidió la entrevistada.

Jaqueline también presentó una denuncia por amenazas contra Carmela. Esa carpeta permanece detenida desde agosto, sin que hasta ahora se conozcan las razones de la falta de avance.

Hoy, Jaqueline asegura que solo quiere paz, que este conflicto termine, poder seguir trabajando sin problemas y que la dejen tranquila a ella y a su familia. Al mismo tiempo, considera necesario que la mujer que la denunció reciba atención psicológica y que la autoridad tome las medidas necesarias para evitar posibles represalias.

Este caso exhibe más que una denuncia por violencia digital. Pone en entredicho cómo agentes con una afectación psicológica tan seria pueden pasar los exámenes de control y confianza y seguir activos con un arma de cargo, mientras sus superiores prefieren voltear a otro lado e ignorar lo que al interior de la Fiscalía es descrito como un secreto a voces.