MEXICALI.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, Octavio Sandoval López, advirtió que la imputación del exdirector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y de varios policías por presuntos delitos relacionados con desaparición forzada representa uno de los hechos más graves para la ciudad, al tiempo que planteó una serie de reformas para fortalecer la supervisión de la corporación y evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Además señaló la urgente necesidad de que la alcaldesa Norma Bustamante dé cuentas sobre el porqué sostuvo tanto tiempo a su jefe policiaco pese a las acusaciones que en su tiempo recibió.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el dirigente empresarial sostuvo que el proceso judicial debe desarrollarse con estricto apego a derecho y sin convertirse en un “circo mediático”, pues, dijo, el centro de la discusión deben ser las víctimas de desaparición y sus familias.
“Lamentamos mucho que personas que tenían la responsabilidad de cuidarnos hoy estén imputadas. Es una pésima noticia para Mexicali y para la confianza en las instituciones”, afirmó.
Pide fortalecer controles internos de la Policía Municipal
Como principal propuesta, Sandoval López anunció que el sector empresarial impulsará, a través del Comité Municipal de Seguridad Pública, la creación de un órgano de auditoría interna conformado por tres personas propuestas por dicho comité y aprobadas por el Cabildo.
Explicó que este grupo tendría la función de supervisar el desempeño de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, someterse a controles de confianza y rendir cuentas tanto a los ciudadanos como al Cabildo y al propio comité ciudadano.
Asimismo, propuso que el director de la corporación sea sometido obligatoriamente al examen de control y confianza y que su permanencia en el cargo sea ratificada cada año.
“No tenemos que inventar nada. Los mecanismos ya existen; el problema es que no se aplican. Ahí está el costo de no realizar los exámenes de control de confianza y de no revisar anualmente el desempeño del director”, señaló.
El líder empresarial afirmó que el objetivo no es debilitar a la Policía Municipal, sino fortalecerla y respaldar a los agentes que desempeñan correctamente su labor.
“Si degradamos a la institución perdemos todos. Tenemos que apoyar a los buenos policías para que nunca más enfrentemos una situación donde la corporación sea señalada por presunta desaparición forzada de ciudadanos.”
“No se puso solo”: exige responsabilidades institucionales
Sandoval López sostuvo que el exdirector de la DSPM no llegó al cargo por decisión propia y recordó que fue propuesto por la alcaldesa, aprobado por el Cabildo y supervisado por la Sindicatura.
En ese sentido, consideró que las autoridades municipales deben asumir responsabilidades políticas y ofrecer explicaciones públicas.
“El señor no se puso solo ahí. Hubo quienes lo propusieron, quienes lo nombraron y quienes tenían la obligación de supervisarlo”, expresó.
Añadió que el Cabildo, como máxima autoridad del municipio, debe fijar una postura sobre el caso y explicar si ejerció las facultades de supervisión que le corresponden.
Respecto a la presidenta municipal, indicó que el sector empresarial no está solicitando su renuncia, pero sí considera indispensable que informe a la ciudadanía.
“No estamos planteando la renuncia de funcionarios. Lo que exigimos es una explicación porque era un subordinado de la alcaldesa y ocurrió durante su administración.”
También sostuvo que, aunque jurídicamente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no tiene facultades sobre el nombramiento del director municipal, políticamente debe aclararse si existió alguna recomendación desde el Poder Ejecutivo para su designación.
Llama a separar el caso de la crisis política estatal
Sandoval López pidió no mezclar el proceso penal contra el exdirector con la confrontación política derivada de los audios difundidos recientemente relacionados con la gobernadora.
Afirmó que ambos asuntos deben analizarse por separado para no desviar la atención del caso de las desapariciones.
“Lo grave aquí son las víctimas y sus familias. No debemos convertir este asunto en un espectáculo mediático ni distraernos con otros temas.”
Consideró que la estrategia de comunicación del Gobierno del Estado frente a la polémica por los audios fue equivocada y terminó afectando la imagen institucional del Poder Ejecutivo.
Criticó que inicialmente se minimizaran los hechos con expresiones que, a su juicio, restaron seriedad al caso y posteriormente se ofreciera una explicación que tampoco fortaleció la credibilidad del gobierno.
“Lamento mucho la situación personal de la gobernadora, pero más me preocupa que la titular del Ejecutivo tenga que salir a dar ese tipo de explicaciones. El daño institucional ya está hecho.”
Por ello reiteró su llamado a que las fuerzas políticas suscriban un “Pacto por Baja California” que permita dejar atrás la confrontación y concentrarse en resolver los problemas del estado.
“No queremos estar en medio de esa polémica cuando tenemos apagones, inseguridad, problemas de agua y ahora esta grave situación con la Policía Municipal.”
Advierte gravedad del caso por desaparición forzada
El presidente del CCE señaló que las imputaciones adquieren una dimensión distinta al involucrar presuntamente a una institución pública.
Explicó que Baja California había enfrentado casos de desaparición forzada cometidos por particulares, pero ahora existe la posibilidad de que servidores públicos estén implicados.
“Eso nos coloca en un estado de incertidumbre y temor, porque si la autoridad encargada de protegernos resulta involucrada, la confianza institucional se rompe.”
Recordó además diversos hechos registrados en años anteriores, como reportes de convoyes escoltados por patrullas municipales, que, según dijo, debieron investigarse con mayor profundidad para deslindar responsabilidades.
También hizo referencia al hallazgo de restos humanos en la colonia Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, donde continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas.
Descarta que “cajas chinas” cambien la percepción ciudadana
Cuestionado sobre si otros acontecimientos nacionales podrían utilizarse para desviar la atención del caso, Sandoval respondió que la ciudadanía cuenta hoy con suficiente información para formarse un criterio propio.
Afirmó que intentar distraer la atención mediante otros temas únicamente genera mayor desconfianza hacia las autoridades y agrava las crisis de comunicación.
“Cuando un gobierno pierde credibilidad, cualquier explicación posterior carece de fuerza.”
