MEXICALI. La reciente comparecencia de la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, ante el Congreso local ha generado reacciones entre colectivos ciudadanos que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas. Gonzalo Moreno, integrante de la Célula de Investigación y Desaparición Forzada en Baja California, calificó el ejercicio legislativo como una “comparsa”, señalando que algunos diputados, particularmente de la bancada de MORENA, ofrecieron elogios desmedidos que desvirtuaron el propósito de la rendición de cuentas.
Moreno expresó respeto por las instituciones y el personal operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero criticó la falta de rigor en el desempeño de sus funcionarios. En particular, cuestionó las cifras presentadas por la fiscal, quien reportó 18 mil personas desaparecidas desde 2018, de las cuales el 70% habrían sido localizadas. “Son cifras difíciles de creer”, afirmó el activista, quien también planteó interrogantes sobre el número de colectivos creados y carpetas abiertas en torno a estos casos.
Durante su intervención, Moreno reconoció a los legisladores que confrontaron a la fiscal sobre el tema, aunque lamentó que no se profundizara en los obstáculos operativos que enfrentan los agentes durante las jornadas de búsqueda. “He sido testigo de cómo algunos agentes tienen que trabajar con municiones insuficientes y armamento limitado, lo que pone en riesgo su labor en zonas de alta peligrosidad”, denunció.
En contraste con la limitada respuesta institucional, el colectivo al que pertenece Moreno ha logrado adquirir un vehículo Tahoe 2007 4×4 con capacidad para ocho personas, destinado a fortalecer los recorridos de búsqueda. El automóvil fue comprado gracias a una rifa organizada por el grupo, con un costo de 4,500 dólares, evidenciando el papel activo de la sociedad civil ante la ausencia de recursos oficiales.
