Productos cuyos precios se fueron por los cielos, como la papa, el huevo y la lechuga, han sido reportados a través de redes sociales, así como la nula presencia de autoridad alguna que ponga en cintura a los comerciantes que especulan con las mercancías en tiempos de crisis como la actual.

La papa a 89 pesos el saco de diez libras, la lechuga a 23 pesos la pieza, la calabaza a 80,  cuando una semana antes estaba a 35, el desinfectante a 290 peso, son ejemplos de denuncias que PoderMX ha recibido a lo largo de esta semana, por personas que se han tenido, según su dicho, que gastar el doble para llevarse lo mismo que llevaban en su carrito unos días antes.

“Todo está subiendo…hace un mes por el mismo mandado gastaba 850 pesos…hoy fui por el mismo mandado y fueron casi mil 500”, denunció Octavio, uno de los afectados, quien como muchos otros, ha recibido como excusa, la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19, como causa del aumento de los precios.

El común denominador entre los quejosos fue que no hay autoridad que defienda al consumidor, y que desde que la Procuraduría Federal del Consumidor no tiene presencia en Mexicali -solamente en Tijuana- el comercio local ha movido sus precios a la alza de forma indiscriminada.

En respuesta a las constantes quejas presentadas por mexicalenses, el pasado 20 de marzo se aprobó la realización de un convenio entre el Ayuntamiento de Mexicali y la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se instale una oficina en esta capital, como existía hasta antes de esta administración estatal, que la cerró.

La iniciativa fue presentada por la regidora Luz Elena Fonseca Rentería (PBC), quien argumentó que “ante una emergencia histórica como la que hoy se vive, resulta necesario que este ayuntamiento esté en coordinación con todos los órdenes de gobierno, trabajando y defendiendo los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos y alteraciones de precios”.

No es la primera vez que el PBC manifiesta su inconformidad por la desaparición de las oficinas de la defensa del consumidor en Mexicali, acción que ha venido a perjudicar a los ciudadanos que acudían a la dependencia.

“Los ciudadanos acudían a estas instancias para salvaguardar sus derechos como consumidores, Profeco servía como una herramienta para acercar a la ciudadanía con las instituciones de gobierno”, resaltó la regidora.

“Como autoridad deben ser solidarios en tiempos de crisis y proteger a los ciudadanos de abusos y aumentos de precios que pudieran darse en la localidad, por lo que deben agotar todos los esfuerzos para brindarle seguridad a los ciudadanos”, opinó Fonseca Rentería.

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