MEXICALI. El sector empresarial de Baja California alzó la voz ante el incremento de extorsiones y exigió al gobierno estatal y a la fiscalía la implementación de un programa efectivo para combatir este delito, que aseguran ha crecido de manera sostenida en la última década.
A través de un posicionamiento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad, Octavio Sandoval López, advirtió que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos con mayor impacto tanto para ciudadanos como para negocios, además de registrar altos niveles de impunidad.
El organismo señaló que este delito se presenta principalmente en dos modalidades: la telefónica y la presencial. Esta última, subrayaron, representa el mayor riesgo debido a que implica amenazas directas, incluso de muerte, así como daños al patrimonio, como la quema de establecimientos.
Como ejemplo reciente, el sector empresarial mencionó el caso del Bazar de Gaby, ocurrido el primero de mayo en Mexicali, donde una comerciante denunció públicamente ser víctima de extorsión, situación que, afirman, se replica en distintos municipios del estado.
“El hecho de que los extorsionadores actúen de forma directa, incluso siendo captados por cámaras de seguridad, refleja un nivel preocupante de impunidad”, expuso el organismo, al advertir que este tipo de conductas evidencian la falta de consecuencias para los responsables.
El Consejo Coordinador Empresarial también manifestó su respaldo a la comerciante que denunció el caso en redes sociales, calificando su acción como un acto de valentía ante la falta de respuesta de las autoridades.
Finalmente, hicieron un llamado tanto a empresarios como a la ciudadanía a denunciar estos delitos, al considerar que este es el primer paso para combatirlos. Además, alertaron sobre el riesgo de normalizar la extorsión, ya que en otras regiones del país este fenómeno se ha vuelto difícil de erradicar cuando no se atiende a tiempo.
Recomendaciones para la ciudadanía y comercios:
Denunciar formalmente para generar antecedentes y facilitar la acción de las autoridades.
Evitar proporcionar información personal o del negocio vía telefónica.
No realizar depósitos o transferencias ante amenazas.
Reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión al 911 o a la fiscalía.
Instalar y mantener en buen estado sistemas de videovigilancia.
