La forma en que se dio la sesión extraordinaria en la que se votó el dictamen 95 en el Congreso del Estado fue calificado por el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Arregui Ibarra, como “un robo arbitrario a la democracia en Baja California” por parte de sus homólogos del Partido Acción Nacional (PAN), al no haber existido las condiciones requeridas para realizarse una votación como la que se llevó a cabo el pasado viernes, cuando se dio entrada a los proyectos en Asociación Público-Privada (APP) en el estado.

“Fue un madruguete en términos llanos. Un madruguete a quienes representamos diferentes realidades que se viven en Baja California. Hablo en lo particular por los ciudadanos que represento aquí en el Congreso quienes están exigiendo respuestas y estas no son respuestas”, expresó el diputado ensenadense respecto a la apresurada convocatoria para la sesión extraordinaria que se emitió 45 minutos antes de su inicio.

Lo sucedido en la jornada del viernes, apuntó el legislador ensenadense, es una copia de lo que ocurrió hace un año cuando en una sesión plagada de irregularidades se aprobó la Ley Estatal del Agua. Por ello es que vislumbra un final parecido y este dictamen 95 sea detenido también.

En rueda de prensa realizada justo después de que se votó a favor de este documento surgido de la Comisión de Hacienda, el también diputado del PRI, Bernardo Padilla, sostuvo cinco puntos que servirán como base para preparar el recurso legal con el que se estará buscan echar abajo el dictamen. El primero tiene que ver precisamente con la convocatoria tan apresurada y realizada con la intención de que los diputados que anteriormente habían expresado su oposición a los proyectos incluidos en el dictamen no pudieran acudir, expresó el priista.

El segundo punto es el sentido del dictamen; el tercero, la poca transparencia que hubo no solo en la sesión, sino desde que se votó en comisiones al interior del Congreso; cuatro, las omisiones que presenta el documento ante la Ley de Disciplina Financiera; y cinco, “empeñar a Baja California”.

En ese último punto, Bernardo Padilla abundó y ejemplificó de forma clara el tamaño del compromiso que representa para las finanzas estatales el sujetarse a las condiciones que se fijan en los contratos de estos proyectos; Veracruz, con un presupuesto de 100 mil millones de pesos anuales, generó luego del gobierno de Javier Duarte una deuda total de 33 mil millones de pesos. Baja California, con un presupuesto total al año de 40 mil millones de pesos, tendrá una deuda de más de 83 mil millones de pesos con los contratos APP contenidos en el dictamen 95.

Por su parte, el diputado del Partido de Baja California (PBC) Jorge Eugenio Nuñez Lozano, dio a conocer que se analizará la asistencia en la sesión del viernes 01 de diciembre ya que solo había 17 de los 25 diputados que conforman la XXII Legislatura, de los cuales votaron 13 a favor del dictamen, lo que representa la mitad de los asistentes.

Si bien esto representa la mitad del quórum legal para aprobar cualquier punto del orden del día según la Constitución del Estado, en la legislación federal se indica que se requieren dos terceras partes del total del total de los integrantes de la Legislatura, no de los que estén presentes durante la sesión. Esto significa que se necesitan 16 votos a favor y no 13 como se dio, explicó el legislador.

En la rueda de prensa participaron también las diputadas Patricia Ríos del PRI y Claudia Agatón Muñiz del Partido del Trabajo (PT). Todos coincidieron que desde los Comités Estatales de sus respectivos partidos se buscará legalmente como revertir la votación.

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