Más allá de la simple felicitación, en el marco del Día Nacional del Bombero, es necesario que los cinco Ayuntamientos de Baja California definan presupuestos específicos anuales para sus departamentos de Bomberos y acabar con la incertidumbre sobre las labores de estos trabajadores municipales.
Antonio Rosquillas Navarro, titular de la Dirección Estatal de Protección Civil, sostuvo que deben de existir políticas públicas municipales para que cada gobierno, sin importar quien sea el alcalde o de que partido sea, destine montos anuales para sus áreas de bomberos, de manera obligatoria, ya que mientras se hacen grandes demandas de recursos para policías y labores de seguridad, estos operativos de la protección civil se van relegando, cuando son los primeros y a veces los únicos respondientes en muchas emergencias.
Apuntó que a diferencia de las corporaciones policíacas, que reciben partidas presupuestales de la federación, en el caso de los bomberos los recursos son de los gobierno municipales y estatales, en algunos casos, por lo que se ven operando con equipos donados por empresas o por cuerpos de “tragahumos” de ciudades de los Estados Unidos.
Bomberos descansan durante el combate a un incendio en la colonia Burócratas, donde la falta de oxígeno los llevó al extremo del agotamiento.
“Hay un fenómeno muy interesante: ellos trabajan tengan o no tengan equipo y la sociedad lo percibe como diciendo ‘les demos o no les demos de todos modos trabajan’ y a mi me da la impresión que ciertos políticos creen también eso y nos tenemos que quitar esa venda de los ojos. Los bomberos necesitan tener excelente equipo, el mejor equipo de protección personal porque a final de cuentas su trabajo es para nosotros”, externó el funcionario.
Indicó que en la propuesta de Ley de Protección Civil para el Estado de Baja California, que en la dependencia a su cargo enviaron al Congreso local, se contiene el rubro de presupuestos específicos para bomberos. Este 23 de agosto se estará dando una nueva revisión a dicha propuesta en el Poder Legislativo antes de su publicación en el Diario del Estado, lo cual tiene que suceder antes del 16 de septiembre.
