Elba Esther Gordillo estará libre cuando Enrique Peña Nieto concluya su mandato, aseguró su abogado Marco Antonio del Toro Carazo, quien ofreció una conferencia magistral esta mañana en Mexicali a miembros de Coparmex local.

El litigante explicó que el caso de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al igual que el del ex gobernador Javier Duarte, el cual también lleva, está mal sustentado por los fiscales del Estado, generando acusaciones pobres y que tienden más al espectáculo o generar escándalo entre la ciudadanía.

Apuntó que sobre Gordillo Morales han caído acusaciones sin sustento legal durante su gestión al frente de la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por ejemplo, defraudación fiscal, delito que no puede sustentarse al tratarse de recursos propios del Sindicato y no de recursos públicos. De la misma forma, la acusación de lavado de dinero no tiene forma de comprobarse.

En el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, el abogado indicó que hay dos acusaciones que fácilmente librará: delincuencia organizada y lavado de dinero, la primera de ellas incluso la calificó como absurda.

Detalló que el proceso que inició contra el ex priísta es muy deficiente por parte de la Fiscalía de Veracruz y quienes llevan el caso por la parte acusadora plantearon una acusación muy limitada. Por ejemplo, los documentos de la Auditoría Superior de la Federación donde se dictan supuestos desvíos de recursos ni siquiera fueron incorporados en las pruebas de la fiscalía.

Sobre la huelga de hambre que inicio el ex mandatario estatal veracruzano, del Toro Carazo sostuvo que es una decisión que no apoya y que hará todo lo posible para que no continue con ella.

El abogado penalista estuvo en Mexicali impartiendo la conferencia magistral Defraudación Fiscal, su equiparada y lavado de dinero, evento organizado por la sede en la ciudad de Coparmex. Ante los empresarios miembros, el especialista informó de las medidas unilaterales, desequilibradas y con tintes absolutistas que en el último año ha implementado la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Código Fiscal de la Federación, que dejan en estado de indefensión a todo aquel ciudadano incorporado al régimen del SAT.

 

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