La iniciativa del Gobierno del Estado, actualmente en el Congreso local y que propone agravar las penas a quienes se encuentren culpables de homicidios, feminicidios y robos con violencia, será sometida a análisis entre los magistrados que conforman el Poder Judicial en Baja California ya que algunos puntos van en contra del mismo sistema de justicia que se aplica en la entidad.

El magistrado presidente del Poder Judicial, Salvador Ortiz Morales, sostuvo que entiende que la iniciativa enviada por el gobernador del estado es fruto de una necesidad social, en donde sectores de la ciudadanía han exigido mayores penalidades contra las personas que cometen dichos delitos. Y por ello se debe tratar el tema de forma delicada.

Sin decirlo directamente, el magistrado presidente contradijo al secretario general de gobierno, Francisco Ruega Gómez, quien aseguró durante la entrega de la iniciativa al Congreso del estado que la iniciativa de modificación del Código Penal en Baja California hacía sido consensada entre varios actores del tema de impartición de justicia y seguridad, entre ellos el Poder Judicial.

Antes de trabajar y presentar una contrapropuesta, Ortíz Morales dijo que la iniciativa será analizada ya que existen varios puntos que se contraponen al sistema de impartición de justicia actual; el más claro ejemplo es la eliminación del juicio abreviado contra imputados de robo con violencia, ya que este tipo de juicios “es sobre los que descansa el Nuevo Sistema”.

Con la iniciativa del gobierno del estado se buscan modificar ocho artículos del Código Penal del Estado con el fin de modificar las penalidades mínimas de homicidios y feminicidios, actualmente merecedores de 20 a 50 años de prisión. Con los cambios sería desde los 30 años en adelante, explicó el funcionario estatal. También, con los cambios propuestos los imputados por robo con podrían alcanzar sentencias a partir de los 6 años y no de 3, como lo es actualmente.

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