El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, descalificó en todo sentido las acusaciones y señalamientos que ha venido haciendo la senadora Alejandra León, en torno al caso de un asalto donde su hermano Sergio salió herido ayer por la mañana en la ciudad de Tecate.

“Acusar al Gobernador de esos hechos es irresponsable; la senadora no tiene ni tendrá elementos justificantes para ello y su posicionamiento no ayuda, en ningún perfil, para que los responsables de los hechos sean identificados, capturados y llevados ante las autoridades correspondientes por las lesiones causadas a Sergio León”, puntualizó el funcionario a través de un boletín de prensa.

Añadió Rueda Gómez que de parte del Gobierno del Estado, como es su responsabilidad y facultad por tratarse de un delito del orden común, seguirá habiendo toda la atención posible a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Sin embargo, inclusive en esa instancia hay conocimiento de la negativa de la víctima para coadyuvar en pruebas y testimonios que permitan robustecer la carpeta de investigación que ya se inició.

El Secretario General de Gobierno añadió que desde el primer momento en que ocurrieron los hechos autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, como el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Sola Olachea y la misma titular de la PGJE, tomaron cartas en el asunto para que la fiscalía e investigadores, por tratarse de un hecho consumado, cuiden y agoten todos los procedimientos posibles así agotar las líneas de investigación.

“Eso es una responsabilidad pública en la procuración de justicia y seguridad pública que se está cumpliendo, pero el señor Sergio León no quiere o le indujeron no cooperar con las autoridades para acelerar las indagatorias y con ello tratar de dejar vigentes las irresponsables acusaciones de su hermana, la senadora”, precisó Rueda Gómez.

Recordó que para mantener vigente el Estado de Derecho en la entidad es preciso que las partes involucradas en hechos ilícitos cooperen con las autoridades y con ello garantizar el debido proceso, así lo exigen las normas del Sistema Penal Acusatorio, de manera que en este caso no hay espacio para politizar indebidamente el quehacer gubernamental; al contrario, se hace todo lo posible para capturar a los responsables y que afronten ante autoridades jurisdiccionales sus hechos y de este último eslabón en la procuración y administración de justicia se derive una ejemplar sentencia.

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