Parece ser que no fue suficiente la búsqueda de que la siguiente Gubernatura en Baja California sea de cinco años, en lugar de dos como se había legislado desde el 2014. Ahora en el partido MORENA quieren que el siguiente periodo de gobierno estatal sea de seis años, ignorando todo el trabajo legislativo previo que se realizó para llegar a esa decisión e incluso de la misma legislación federal que obligo a las entidades federativas a empatar sus comicios locales con sus similares federales.

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Elva Regina Castillo Jiménez, informó lo anterior durante el desayuno semanal del grupo Madrugadores, ante quienes expuso que hay en total once procedimientos de impugnación ante autoridades federales por la resolución que el pasado 30 de enero dictamino dicha entidad al ampliar de dos a cinco años el siguiente periodo del ejecutivo estatal.

Dentro de esas once impugnaciones hay dos que buscan llevar hasta seis años la siguiente gobernatura: una de la propia dirigencia de Morena y otra de la licenciada Blanca Esthela Favela Dávalos, la recurrente original del recurso contra los dos años.

“Parece que nos que nos quedamos cortos con la ampliación” comentó casi sarcásticamente la magistrada, quien no ocultó su propia sorpresa por la decisión al interior del instituto político.

Explicó que los medios legales referidos se basan en una interpretación del artículo 44 constitucional, que marca que los periodos de gobierno estatal deben durar máximo seis años, pero al no marcar un mínimo los recurrentes entienden que la modificación hecha en Baja California para modificar el lapso de la siguiente administración estatal va contra la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

La magistrada presidenta fue quien emitió el voto en contra de la resolución en la sesión pública del Tribunal cuando se votó a favor de la modificación de dos a cinco años. En su punto de vista ésta decisión si rebasa la competencia del Tribunal y violenta la del Congreso del estado, responsable de elaborar o modificar leyes en Baja California. Esto fue parte de su argumento en contra.

Castillo Jiménez rechazó que haya existido algún tipo de presión hacia los miembros del Consejo General, como las versiones que así lo señalan en el caso del Congreso del estado, donde se trabaja para tener otra vía para conseguir una gobernatura mayor a los dos años.

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