Aprobaron reestructuración de contratos de la desaladora

JFue aprobada en el Congreso del estado la iniciativa enviada por el gobierno del estado respecto a la reestructuración de la deuda y la reformulación de los contratos para proyectos en Asociación Pública Privada (APP) específicamente los de la planta desaladora de Playas de Rosarito y el viaducto de dos niveles que conectará la delegación de Playas de Tijuana y el aeropuerto de aquella ciudad.

Sin embargo, la secrecía con la que se manejó la información, incluso entre los mismos diputados, y la acción de agregar de última hora el punto para discutir la propuesta en el orden de día por parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), por medio de su coordinador Ignacio García Dworak, solo enrarecieron la jornada legislativa de este jueves.

Bernardo Padilla Muñoz, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue quien al finalizar la sesión ordinaria en el Congreso del Estado atendió a representantes de medios de comunicación para tratar de explicar lo que se aprobó, pues aceptó que las 45 hojas del dictamen nunca fueron distribuidas entre los legisladores hasta segundos antes de la votación, por lo que no pudo más que analizar dicho documento.

Lo que presentó Gobierno del Estado es que el costo de la planta desaladora de Playas de Rosarito será de 150 millones de pesos por mes durante 37 años. El monto surgirá en su totalidad del Impuesto sobre Nómina, de no alcanzar dicha cifra el resto provendrá de los ingresos de los organismos operadores del agua.

Además, la obra constará de tres etapas, lo cual no venía en el proyecto original. Tampoco se sabe si las cantidades son de la primera fase o se modificaran conforme avance el proyecto. Lo que si se sabe es que estas cifras no incluyen IVA ni consideran la inflación, lo que provocaría que pudieran aumentar.

En el caso del viaducto de dos pisos que conectara Playas de Tijuana con el aeropuerto de esa ciudad, la obra representaría pagos mensuales de 25 millones de pesos durante 17 años. Eso solo para pagar a la empresa, que obtendrá su ganancia del pago que haran los ciudadanos por usar dicha vía de comunicación. De no alcanzar el número de automovilistas programado, que tampoco se conocer, la administración estatal “completaría” el recurso.

Cumplir con dichos contratos representaria poner en riesgo recursos federales extraordinarios que llegarían en los siguientes años a la entidad, refirió Padilla, además de que los organismos operadores del agua tendrían que adquirir créditos privados para solventar sus pagos a la empresa operadora de la desaladora en dado caso que “algo falle” en los pagos mensuales.

“Por todos lados estaríamos atados” indicó el legislador tricolor.

Al final la votación resultó en cinco votos en contra: Jorge Eugenio Nuñez Lozano del Partido de Baja California (PBC); Catalino Zavala y Héctor Mares del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Victoria Bentley Duarte, ahora sin partido político; y el propio Padilla Muñoz.

Mientras que a favor de la iniciativa resultaron doce votos: Patricia Ríos, Alejandro Arregui y Benjamín Gómez del PRI; Rocío López Gorosave del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Félix Arango, Alfa Peñaloza, Iraís Vázquez, Mónica Hernández, Sergio Tolento, María Trinidad Vaca, Carlos Torres, Raúl Castañeda Pomposo y el mismo García Dowrak, del PAN.

Claudia Agatón del Partido del Trabajo (PT), José Antonio Casas de Transformemos y Marco Corona del PRI no se presentaron en la sesión, mientras que Andrés de la Rosa del PAN y Job Montoya de Movimiento Ciudadano abandonaron la sesión antes de que votará la iniciativa.

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