El actual director administrativo de la Secretaría de Salud de Baja CaliforniaIsrael Clemente González, podría ser pieza clave en la investigación sobre los moches que patrones dieron a empleados del IMSS a cambio de perdonarles cuotas, adeudos y sanciones. El mismo funcionario perteneciente al gabinete de Jaime Bonilla Valdez, fue detenido y sentenciado en el 2006 por el delito de lavado de dinero.

Al funcionario de reciente ingreso a la titularidad del área administrativa de la Secretaría de Salud, se le vincula con la administración del ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California y parte parcial de Sonora, Francisco Beltrones Burgos, quien intentó colocarlo en un área directiva de su equipo, pero por estar inhabilitado para ocupar cargos de gobierno por sus antecedentes penales, no pudo ingresarlo a la nómina, según revelan funcionarios de la dependencia que revelaron parte de la investigación interna que la entidad federal realiza.

A cambio, instalaron al padre de Cliemente González en la sub delegación del IMSS en Tijuana, desde donde operaba.

El 4 de enero del 2006, Israel Clemente González fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de la ciudad de Tijuana, en posesión de 725 mil 594 dólares, ocultos en su equipaje y de los cuales no pudo acreditar su procedencia legal.

La Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía-, dio a conocer este hecho y el 21 de enero informó que se le dictó auto de formal prisión dentro de la causa penal 9/2006, al considerar que es probable responsable de la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), en la modalidad de transportar recursos dentro del territorio nacional con el propósito de ocultar su localización.

Por tal motivo también quedó inhabilitado por el gobierno mexicano para desempeñar cualquier puesto en alguno de los tres órdenes de gobierno. Aún así, hoy se encuentra en uno de los más altos cargos de la Secretaría de Salud, una de la que más recursos maneja en Baja California.

El actual secretario de Salud y su equipo.

La investigación

Hace unos días el hoy delegado del Seguro Social, Salvador Morales Riubí, informó que en Tijuana se evadieron millones de pesos que debieron haber sido cobrados por parte del instituto. Sin embargo, no se dieron oficialmente nombres de personas involucradas en ello.

En cambió el Delegado reconoció que sería difícil recuperar ese recurso.

De acuerdo a la investigación interna que se desarrolla en la dependencia federal, personal del departamento de Auditoria del IMSS presionaban a los patrones para que soltaran dinero y así hacerles entrega de trámites, tales como oficios de conclusión a la corrección.

También a las personas que estaban construyendo casas por medio de los censores les pedían dinero con la condición de no ejercerles ninguna facultad de comprobación es decir ninguna auditoria. Además a los patrones que tenían alguna auditoria en proceso les pedían mordida para que les salieran menos a pagar, todo esto con la autorización del hoy ex sub Delegado en Tijuana.

En el área de Cobranza, el procedimiento era similar. Ahí se solicitaba al Jefe de Departamento y a los jefes de oficina que por medio de los notificadores y ejecutores fiscales, les pidieran dinero a los patrones con tal de no llevar a cabo ningún embargo a sus bienes o a sus cuentas bancarias, esto con la finalidad de darles tiempo aire o desaparecer los créditos que debían.

Otra de las formas en que operaban en conjunto con el jurídico del instituto es que también metían demanda contra del instituto, sobre aquellos casos donde el instituto les notificaba alguna resolución y fincaba créditos, como el jurídico sabia como podía ganar los procedimientos, este le daba camino y sustento para ganar dichas demandas, este operaba por medio de un despacho el cual ingresaba las demandas y les pedía enormes cantidades de dinero a los patrones a cambio de resolverles sus adeudos.

A otros patrones les pedía cuota fija semanal con tal de no molestarlos. Tal es el caso de muchas outsorcing instaladas en la ciudad de Tijuana, quienes por medio de la asesoría de Israel Clemente González evadían las obligaciones ante el IMSS, dejando desprotegidos a los trabajadores.

Otro departamento en el cual se sospecha que tuvo injerencia el hoy funcionario estatal era en el Departamento de Afiliación, donde por medio del jefe de departamento, los jefes de oficina y algunos encargados de área, pedían cuota a los trabajadores que solicitaban sus pensiones y no completaban sus semanas cotizadas.

También pedían moches a los patrones que tenían trabajadores que sufrían algún accidente y que no estaban dados de alta, para dar de alta al trabajador inmediatamente y que no se viera como una afiliación improcedente, y así evitarles multas.

Hace trece años un juez federal sentenció al hoy funcionario de la Cuarta Transformación, a siete años de prisión y una multa de 97 mil pesos, por transportar recursos de procedencia ilícita con el fin de ocultar su origen. Pese a estos antecedentes, hoy se encuentra en uno de los cargos más importantes del gobierno estatal, bajo el mando del secretario de salud, Alonso Pérez Rico.

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