Tijuana, Baja California.- El gobierno de Jaime Bonilla perdonó a la ex presidenta del Sistema DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, al aceptar un acuerdo reparatorio con ella ante la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante el cual devolverá el dinero robado del DIF en la administración de su esposo el exgobernador Francisco “Kiko” Vega. La cantidad que devolverá la ex primera dama de Baja California, es similar al costo de una residencia ubicada en el fraccionamiento Calzada, cuyo ronda entre 6 y 7 millones de pesos.
El secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, justificó el acuerdo al afirmar que que la señora Ruacho de Vega se acogió a lo que contempla el Artículo 16 de la Ley Penal actual que permite la reparación del daño, monto que asciende casi a los 7 millones de pesos, dinero del cual dispuso de manera ilegal en una cuenta personal.
El funcionario responsable de la política interna del estado, aseguró que dicho convenio promovido por la ex primara dama y aceptado por la autoridad estatal, en su vehículo, el cual permaneció estacionado en las afueras del edificio de la Fiscalía, para evitar a los medios de comunicación, pero no existe una evidencia de ello.
Dijo que este recurso forma parte del patrimonio del estado por lo que posterior a la firma, en las próximas horas, la señora Brenda tiene que hacer una transferencia bancaria a una cuenta oficial del Gobierno del Estado para resarcir el daño.
Es parte del acuerdo compensatorio que le permite la ley, dijo el funcionario, y aunque quedó claro y evidenciado que cometieron delitos, la señora Ruacho no pisará la cárcel, al menos por este delito.
Ella, añadió Rodríguez Lozano, al darse cuenta de que el Ministerio Público tenía los elementos suficientes para sancionarla por los delitos de desvío de recursos y coalición de servidores públicos prefirió firmar este acuerdo y regresar lo robado, que al final de cuentas es dinero del pueblo.
El Secretario General de Gobierno comentó que, a través de la Dirección Jurídica para el Combate a la Corrupción, la SGG aportó a la FGE los elementos para que integraran esta carpeta de investigación y los hechos fueron tan contundentes, que al final la expresidenta del DIF reconoció el ilícito y firmó este acuerdo para regresar el dinero robado.
Como se recordará, la denuncia se dio en la presente administración estatal ya que en el sexenio anterior la señora Brenda Ruacho creó una fundación paralela al Centro CRIT, recabó recursos y creó una cuenta aparte de la oficial; ella en vez de depositar ese recurso en la cuenta oficial del DIF lo hizo en una cuenta personal y se descubrió que habían hecho una serie de gastos que no tenían nada que ver con el CRIT, al final tuvo que regresar ese recurso.
