Mexicali, Baja California.- El albergue para migrantes en Mexicali, proyecto que nunca operó y al que se le invirtieron varios millones de pesos, terminó convirtiéndose -literalmente- en un nido de ratas. Luego de habérsele invertido millones de pesos en renta, insumos, mobiliario y sueldos, actualmente es desmantelado y sus trabajadores despedidos sin indemnización.

Desde mesabancos, literas y colchonetas, hasta agua y despensas, han sido retiradas del recinto que se había montado en un galerón de la calzada Heroico Colegio Militar (Calle 11) al poniente de la ciudad, lugar que fue rentado por el Gobierno Federal para atender a los cientos de migrantes que supuestamente llegarían a Mexicali procedentes de Centro y Sudamérica en caravanas que se diluyeron.

Así luce en la actualidad el albergue de la Calle 11 en Mexicali.

La mayoría de las cientos de despensas que ahí se almacenaron desde mediados del 2020, tuvieron que ser tiradas, pues las ratas que comenzaron a proliferar en el recinto, las convirtieron en basura. Otras -las que sobrevivieron- fueron repartidas a vecinos beneficiados de Bienestar, programa federal durante la pandemia.

Trabajadores del lugar lo confirmaron a PoderMX: “El albergue no se va a abrir…ya están sacando lo que quedaba ahí adentro, que era mesabancos, colchonetas, agua, estantes…”.

Sin embargo, la mayor parte de los alimentos no perecederos se echó a perder. “Hubo un descontrol total y se hizo una plaga muy fuerte de ratas por esa comida que de hecho se terminó echando a perder”, confirma un servidor del lugar que está esperando a la fecha que le diga qué sucederá con su trabajo en el lugar, pero por temor a represalias pide el anonimato.

En algunas partes del galerón no había ni siquiera energía eléctrica.

Se estima que son alrededor de 30 millones de pesos los que se han gastado solamente en la renta del edificio que hace años fue un súper mercado. Sin embargo, el lugar nunca terminó de acondicionarse. “Todo quedó a medias porque Bienestar nunca bajó el recurso suficiente para continuar acondicionándolo”, explica el empleado de este lugar.

Otro trabajador estima que la deuda que el programa federal tiene con los responsables de la remodelación del recinto asciende a cerca de un millón de pesos, más una cifra similar de pago el impuesto predial, que tampoco ha sido pagado.

Un proyecto fallido desde el principio

En agosto del 2019 el Gobierno Federal comenzó a buscar en Mexicali lugares en renta para instalar un macro albergue para recibir a los cientos de migrantes centroamericanos que se pensaba podrían asentarse en Mexicali, en su intento por cruzar a Estados Unidos.

El lugar se definió rápidamente pero se evitó dar información sobre su ubicación. Era claro que la población no querría tener en su comunidad a cientos de migrantes, sobre todo al ver las condiciones en las que habían estado hacinados en albergues improvisados de Tijuana.

Ya para noviembre de ese mismo año, antes de que Jaime Bonilla rindiera protesta como Gobernador de Baja California, se estaba ya acondicionando el recinto de la Calle 11, mientras que al menos 40 vecinos del área exigían una explicación sobre este proyecto. Temían que la inseguridad fuera a incrementarse en esta zona con la presencia de tantos migrantes.

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal, desdeñó estas protestas, afirmando que se trataba de un movimiento orquestado por la oposición política de MORENA, en específico por simpatizantes del Partido Acción Nacional.

“Hay 80 personas que son las que se han pronunciado, se va a ver más vergonzoso que vaya a haber más manifestantes, que personas en el albergue, ese va a ser un ridículo total”, declaró en su momento el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto siguió adelante. Para diciembre del 2019, el mismo Delegado Único confirmó que el albergue se tenía que abrir, aunque hubiera poca demanda, por presiones de Estados Unidos.

“El albergue se va a abrir, ¿cuándo?, no puedo dar una fecha exacta, pero yo calculo que va a ser en enero, se están terminando de hacer las adecuaciones que se tienen qué hacer”, declaró Ruiz Uribe a finales de diciembre del 2019, pese a considerar que dicho recinto tendría poca demanda.

Pese a ello y a la resistencia de los vecinos, así como al hermetismo en torno al proyecto, éste siguió adelante, para cumplir únicamente con el acuerdo del gobierno de México con el de Estados Unidos, de abrir cinco albergues en la frontera, lo cual quitaría presión al vecino del norte en el tema migratorio.

Cientos de botellas de agua sobreviven de los insumos adquiridos para atender a los migrantes que nunca llegaron.

Fue dinero tirado a la basura. “Jamás estuvo operando, nunca estuvo ni está en condiciones de albergar migrantes el lugar”, coinciden los entrevistados por PoderMx. “Está muy feo, insalubre…no se puede estar ahí para empezar con las ratas y las aves que ahí viven”, acusan.

Pese a ello, había al menos 24 personas trabajando en el lugar, con funciones diversas, como servicios generales, seguridad, empleo, salud, educación. Cada uno tenía su actividad. Ellos ya fueron despedidas, dejando únicamente a los coordinadores.

“Se iban a renovar contratos pero de un día para otro dijeron que siempre no por órdenes de México les dijeron que no, porque había una pérdida de más de 15 millones de pesos”, explica uno de los servidores.

“Una coordinadora desde el Gobierno Federal, en su momento les recomendó que ya no siguieran adelante con los empleados ni los trabajos de remodelación, porque ya no habría dinero con que pagarles, pero a nivel local decidieron seguir adelante, pero las coordinadoras de Mexicali (identificadas como Jazmín y Jéssica) decidieron seguir”.

A la fecha solamente están resguardando los insumos que quedan.

La incapacidad de este recinto para atender a migrantes se puso en evidencia en julio del 2020, cuando 60 migrantes provenientes de Centroamérica, tuvieron que ser trasladados al albergue de la ciudad de Tijuana, luego de padecer durante días por las altas temperaturas al acampar en las inmediaciones del poblado Los Algodones, del Valle de Mexicali.

Expuestos a las altas temperaturas, migrantes acamparon en Los Algodones.

Migración, un ‘barril sin fondo’

Pero el gasto del dinero proveniente del erario público en el tema de la migración no ha sido privativo de este gobierno. Si bien no se ha podido comprobar que este recurso haya beneficiado a algún servidor público, seguramente sí le dio ganancias a alguien.

En noviembre del 2018, con el arribo de la primera caravana de migrantes a Baja California y la advertencia del arribo de otras más, el Gobierno del Estado, en ese entonces encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, anunció que solicitaría al Gobierno Federal 80 millones de pesos más para atender el tema.

Estos recursos serían usados para adquirir insumos para recibir y mantener en territorio bajacaliforniano a los visitantes extranjeros.

Decenas de centroamericanos se encuentran ya en Mexicali. La mayoría de ellos busca seguir su camino rumbo a Tijuana y de ahí iniciar su trámite de petición de asilo político ante Estados Unidos. Foto: Alejandro García.

El 15 de noviembre de ese año llegó la primer caravana a Mexicali, se saturaron los albergues locales y poco a poco se fue reduciendo su ocupación, debido a que la mayoría de los visitantes se trasladaron directamente a Tijuana.

Para el día 24 de ese mismo mes, el Gobierno del Estado estaría reportando ya haber gastado 2 millones 567 mil pesos provenientes de la federación, en insumos de primera necesidad para la atención de los cerca de 9 mil migrantes recién llegados, como lo es comida, sanitarios, colchonetas, cobijas, material de limpieza, de higiene personal, utensilios de cocina e inmobiliario.

Tan solo en ese año, fueron 40 millones del Gobierno del Estado destinados al tema de la migración, más otros 23 millones entregados por la federación para ese mismo propósito.

El 21 de enero, el Gobierno Federal anunció el desmantelamiento del albergue, donde se invirtieron millones de pesos en medio de una crisis de salud y económica ocasionada por la enfermedad COVID-19, un proyecto que solo sirvió para evitar un bloqueo económico del gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para alimentar a las ratas que anidaron en los insumos adquiridos con el dinero público.

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