Comisión de Gobernación del Congreso aprueba reducir el 50% el financiamiento público a partidos políticos.

La iniciativa que busca reducir en un 50% el financiamiento público que se entrega a los partidos políticos, fue aprobada por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California, con seis votos a favor y uno en contra del diputado Gerardo López Montes, quien pedía que el recorte fuera del 100%. El proyecto de dictamen contiene dos iniciativas propuestas por separado, pero dictaminadas y analizadas en conjunto.

Los inicialistas son el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, así como los y las legisladoras de MORENA, Montserrat Caballero Ramírez, Miriam Elizabeth Cano Núñez y Juan Manuel Molina García.

Entre los argumentos expuestos en su exposición de motivos, los promoventes mencionaron que en el año 2014, con la anterior Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado, abrogada actualmente, los partidos políticos recibieron en su conjunto para el sostenimiento de sus actividades ordinarias la cantidad de 17 millones 634 mil 231.65 pesos.

“Sin embargo, a partir del 2015 se fijó una formula distinta para determinar el financiamiento de los partidos políticos partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus actividades, estructura, sueldos, salarios, gastos de campaña y actividades específicas, tras expedirse la nueva Ley de Partidos Políticos, lo cual generó un crecimiento irracional y desproporcionado de hasta un setecientos por ciento de un año a otro por este concepto”, agregaron.

Ante ese incremento desmesurado del recurso dado a los partidos, señalaron oportuno en este momento buscar alternativas que permitan hacer eficiente el gasto público en materia electoral, bajo el principio de austeridad; garantizando, por una parte, el acceso a ese derecho y, por otra, con estricto apego a las condiciones socioeconómicas en las que impera actualmente Baja California, y en general del país.

“En tal sentido, el escenario económico regional que actualmente vivimos y acentuado por el origen de la pandemia mundial Covid-19, exige que el Gobierno de Baja California tome una serie de medidas para hacer frente al plano financiero, lo que implica promover modificaciones a la legislación estatal, y en el caso particular, se estima necesaria reformar los artículos 42 y 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado, con el objeto de replantear la fórmula de cálculo del financiamiento público de los partidos políticos nacionales”, concluyeron los inicialistas.

En la sesión virtual de la Comisión mencionada estuvieron el magistrado Leobardo Loaiza Cervantes y la representante del Instituto Estatal Electoral, Perla Deborah Esquivel, quienes coincidieron en señalar en sus análisis técnicos que los Congresos del país tienen la libertad configurativa en el tema del financiamiento público para los partidos políticos tanto nacionales como locales.

La votación de este proyecto de dictamen aprobado hoy domingo por la Comisión de Gobernación, fue de la siguiente manera:

A favor

  • Juan Manuel Molina García (MORENA).
  • Julia Andrea González Quiroz (MORENA).
  • Víctor Hugo Navarro Gutiérrez (MORENA).
  • Eva Gricelda Rodríguez (MORENA).
  • Rosina del Villar Casas (MORENA).
  • Julio César Vázquez Castillo (PT).

En contra

  • Gerardo López Montes (PRD).

La propuesta de López Montes

El diputado Gerardo López Montes votó en contra de las iniciativas de reducción del financiamiento de los partidos políticos, y de la creación de un sistema de administración tributaria estatal; la primera porque considera que en vez de reducción debería ser quitarles la totalidad del financiamiento público, y la segunda, porque no tiene la socialización al respecto de replicar medidas fiscales.

Durante la sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación, y Puntos Constitucionales, resaltó que en la propuesta que pretende eliminar el 50% del financiamiento público, no advierte un fundamento sólido, y que al contrario, se debería de circunscribir al financiamiento privado el sostenimiento de los partidos políticos.

Dijo que el clamor ciudadano no considera justo el financiamiento a los partidos, por el descrédito que gozan todos las instituciones, que se traduce en falta de participación en las elecciones, por lo que convocó a los legisladores suscriban una reforma para eliminar el financiamiento público, y enviarla al congreso federal, y que los ahorros que se buscan hacer con esa iniciativa, se deben de etiquetar en salud, educación y apoyo a grupos vulnerables.

Con respecto al Sistema de Administración Tributaria de Baja California (SATBC), consideró que ese tema debió ser analizado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, pues la Ley de Presupuesto del Gasto Público del Estado de Baja California, establece que las proposiciones que se hagan al Poder Legislativo para modificar la Ley de Ingresos del Estado, leyes hacendarias especiales o decretos que rijan en la materia, serán sometidas a la comisión competente del Congreso del Estado para su estudio y dictamen.

También que cuando dichas modificaciones impliquen el aumento o disminución de recursos públicos para una entidad u órgano determinado, deberá valorarse mediante análisis técnico el impacto presupuestario y la posible afectación financiera al fisco, lo cual no se contiene en el proyecto que se analizó.

Aseveró estar preocupado debido a que la propuesta del Ejecutivo no está socializada con el sector aplicado directamente, como es el empresariado, las barras y colegios de contadores, así como los administradores de empresas y abogados fiscalistas.

El legislador manifestó que: “Legislar en espejo tiene sus riesgos y más si no se consulta a los expertos en la materia y una medida que busca soluciones puede generar caos, malestar y contribuir a que se tenga la impresión de que esta legislatura legisla en lo oscurito, de espaldas a quienes dice representar”.

Por último dijo que: “En una época de contingencia y con una administración a la que le queda tan poco en su gestión nos resulta difícil de entender como emprende acciones legislativas de esta naturaleza y por desgracia esta se suma a otras tantas propuestas que se legislan por consigna, sin consensos y de espalda a quienes decimos representar y quienes con sus impuestos pagan nuestros y con sus votos nos dan el mandato para representarlos en este Congreso”.

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