TIJUANA. Hassan Martín Franco Ruiz, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO), hizo un enérgico llamado a las autoridades para que el reciente caso de presunto desvío de recursos públicos en la dependencia de Bienestar Social Municipal de Mexicali sea investigado como un delito de corrupción, y no como un simple fraude.
El posicionamiento surge tras conocerse que un extrabajador de dicha dependencia realizó cuatro transferencias electrónicas por un monto total de 390 mil pesos, recursos que pertenecen al erario público. Aunque el exfuncionario alegó haber sido engañado, Franco Ruiz subrayó que la omisión de los protocolos establecidos convierte esta acción en una posible conducta delictiva que encuadra en el delito de peculado, según lo establece el artículo 298 y sus fracciones del Código Penal vigente en Baja California.
“Este no es un asunto menor ni un error administrativo; es una conducta que debe ser calificada jurídicamente como corrupción”, afirmó el presidente de FEDABO. También explicó que, de haberse iniciado una denuncia por fraude, la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales debe declararse incompetente y turnar el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, que es la instancia facultada para integrar la carpeta con base en las acciones desplegadas.
Además, recordó que el artículo 19 constitucional establece prisión preventiva oficiosa en delitos de corrupción relacionados con el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones, por lo que será tarea de la fiscalía determinar la correcta clasificación jurídica del caso.
Franco Ruiz insistió en que la correcta tipificación del delito no solo garantiza justicia, sino que envía un mensaje claro sobre la cero tolerancia a la corrupción en el manejo de recursos públicos.
