El Congreso de Baja California le dio entrada a una demanda de juicio político en contra de los 21 diputados integrantes de la pasada XXII Legislatura del Estado, así como de tres ex alcaldes del Estado, acusados de aprobar la llamada Ley Bonilla, que pretendió ampliar el periodo del actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, pretensión rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La demanda, que fue recibida en Oficialía de Partes. Es firmada por Blanca Terrazas Alcalá, Alma Rocío Magaña Sarabia, Miguel Ángel García Leyva y Armando Salinas Bravo.
Al recibir el documento, los quejosos fueron advertidos de que se le dará trámite a partir del primero de junio, por ser esa la fecha en que se espera reiniciar labores en el Poder Legislativo, debido a las restricciones puestas a causa de la pandemia.
En el documento se establece la formal denuncia en contra de los ciudadanos Nereida Fuentes González, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Marco Antonio Novelo Osuna, quienes fungieron como presidentes del XXII Ayuntamiento de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente, quienes fueron los tres alcaldes que aprobaron en sus cabildos la reforma de la Ley.
Respecto a los denunciados que integraron la XXII Legislatura como diputados, son los siguientes: Rocío López Gorosave, Iraís Vásquez Aguiar, Victoria Bentley Duarte, Alfa Peñaloza Valdez, Mónica Hernández Álvarez, Trinidad Vaca Chacón (integrante de la actual legislatura) , Blanca Ríos López, Claudia Agatón Muñiz, Raúl Castañeda Pomposo, Carlos Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Ignacio García Dworak, Marco Corona Bolaños Cacho, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez (actual secretario de Educación en Baja California), Víctor Manuel Morán Hernández (actual diputado local), José Antonio Casas del Real, José Félix Arango, Sergio Tolento Hernández y Édgar Gómez Macías.
El motivo de la denuncia es la aprobación de la reforma a la Constitución local para hacer posible la ampliación de mandato de la Gubernatura de Baja California y por ello piden que se inhabilite a los ex funcionarios señalados, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Como se sabe, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó esta reforma promovida por la XXII Legislatura local, por considerarla un atentado a la democracia nunca antes visto en la historia del país, donde se pretendió utilizar la ley para violarla.
